La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Adriana García Netto, desistió recurrir una sentencia en la que se absolvió a dos personas acusadas de encabezar reclamos de vecinos de Escobar y Pilar cortando la autopista Panamericana.
La Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nº 1, Irma García Netto, desistió recurrir una sentencia que absolvió a dos personas acusadas de encabezar reclamos vecinos cortando la autopista Panamericana.
La Causa había llegado a la Cámara de Casación Penal luego de un recurso presentado por un colega de la fiscal de cámara, Paul Starc, contra la resolución del Juzgado Federal N° 2 de San Martín que había absuelto a dos hombres acusados de encabezar los cortes de la autopista.
Se trata de la causa “Benitez Ojeda, Sergio y Ojeda, Gustavo Daniel s/ recurso de casación” donde habían sido imputados dos personas por entorpecer el funcionamiento de los medios de transporte que contempla una pena de presión de tres meses a dos años (artículo 194 del Código Penal).
García Netto dictaminó que no corresponde hacer lugar al recurso presentado por su par Paul Starc ya que consideró que las razones por las cuales los imputados realizaron el reclamo respondieron a un “derecho constitucional protegido, que es el de peticionar a las autoridades”.
“La marcha se produjo en algunos carriles de la Panamericana y no es su totalidad, de manera que no hubo un entorpecimiento en el transporte terrestre sino un desvío producto de una petición constitucionalmente protegida” señaló la representante del Ministerio Público Fiscal.
Durante la protesta, los vecinos reclamaban “más seguridad en la ruta 26, ya que no se encuentra iluminada y ocurren gran cantidad de accidentes”.
“El reclamo era para los municipios de Escobar y Pilar y la intención no fue cortar la ruta sino llamar la atención de las autoridades para que se cumplan con sus reclamos de seguridad”, sostuvieron los imputados en la causa.
“Todo lo peticionado ante las autoridades no tuvo eco alguno y ello fue lo que motivó la protesta investigada en autos”, explicó la fiscal que también citó un dictamen realizado por su colega Javier De Luca en el que se consigna que “estas situaciones generan el peligro de permitir que una norma de esta naturaleza sea legitimadora de la criminalización de opiniones y reclamos ante las autoridades por parte de sectores que no están de acuerdo con el gobierno de turno o simplemente con la mayoría”.