El Poder Judicial de Córdoba realizó un relevamiento de los condenados por la Ley de Drogas, y a partir de ello elaboró un perfil de los infractores de la norma. En la mayoría de los casos son personas de bajos recursos, sin un trabajo fijo, y son sostén de familia.
El Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez del Poder Judicial de Córdoba realizó una investigación y, a partir de sus resultados, elaboró un perfil de los posibles infractores a al Ley de Estupefacientes.
El Trabajo tuvo como objetivo “indagar sobre las características socio-demográficas y delictivas de las personas imputadas por delitos vinculados a la comercialización o tenencia de estupefacientes en la ciudad de Córdoba, en el periodo diciembre 2012/mayo 2013”.
Se analizaron los testimonios de 69 imputados en orden a delitos tipificados en la Ley 27.737 en Córdoba Capital, y los datos fueron proveídos por las fiscalías del fuero de lucha contra el narcotráfico.
La edad de la mayoría de los infractores ronda entre los 26 y los 40 años, con un 40% de los consultados. La edad promedio de las 69 personas imputadas es de 34 años. En cuanto al género, hay una preeminencia del masculino, que con un 55% deja relegado al 45% de las mujeres. Además, el 98% de todos ellos es de nacionalidad argentina.
En cuanto a la instrucción, el 42% cursó estudios secundarios (33.3% incompleto- 8.7% completo), lo que impacta directamente en sus posibilidades laborales, ya que se arrojó como resultado que el 24.6% es jornalero, realiza changas o es albañil, el 20% posee otra ocupación y el 17.4% son amas de casa.
La situación económica, al parecer, influye al momento de insertarse en el cirtcuito de la venta de sustancias ilegales. En efecto, el 34.8% de los entrevistados es el principal sostén económico del hogar. Pero además, el 36.2% no es beneficiario de planes sociales.
A pesar de que en el 29% de los casos la vivienda es propia, en el 15.9% la misma es alquilada, 13% prestada y 13% compartida, superando los tres últimos el porcentaje de los dueños.
En cuanto al contexto en el que se desenvuelven, en el 55.6% de los casos, los imputados conviven con sus hijos o hijastros, en el 42.9% de los casos con su pareja o cónyuge, en el 34.9% con otros familiares y en el 30.2% con los padres, habiendo, además, una preeminencia de hijos menores de edad.
Un dato que llama la atención esta referido al consumo de estimulantes, de los consultados, el 60.9% de los imputados manifestó que no consume alcohol, mientras que el 56.5% de los imputados consume drogas. Además, en 19 casos expresaron que el consumo se realiza en forma diaria.
En cuanto a su relación con el sistema penal, más de la mitad ya estuvo en conflicto con las normas punitivas, un 52.2% de los imputados poseen antecedentes penales. Principalmente en “delitos por robo/robo calificado/tentativa de robo (10 casos), hurto simple/tentativa (9 casos) y Ley 23.737 (7 casos)”.
Finalmente, en cuanto a los delitos de la Ley 27.737, “en el 43.3% de los casos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, en el 36.7% por el delito de tenencia simple y tenencia simple con fines de comercialización simple, en el 15% por el delito de comercialización de estupefacientes agravado.
Asimismo, el 5% otros delitos dentro de los cuales se registraron dos casos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, en el 5% se imputó por el delito de tenencia con fines de comercialización agravado, en el 3.3% por el delito de entrega, suministro o facilitación de estupefacientes a título gratuito agravado y en el 1.7% por el delito de facilitación de un lugar para consumo estupefacientes”.
Las estadísticas están sobre la mesa, resta saber cual será su uso.