Julián Axat es titular de la Defensoría Penal Juvenil 16 de La Plata. Este año denunció la muerte de ocho chicos a manos de la Policía, asegurando que fueron ejecutados con un "uso sumamente imprudente de las armas". Pero su lectura al respecto no es lineal: Axat entiende que en este sentido, el tejido elaborado por "años de violencia institucional sin control" genera este tipo de situaciones y muchas otras que tienen su epicentro en los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, Axat fue el encargado de presentar un recurso de Hábeas Data por las numerosas muertes que provocó el temporal que azotó a la capital bonaerense en abril. A su vez, el defensor penal juvenil se dedica a escribir y editar poesía.
¿Cómo ve la situación de la Justicia bonaerense en relación al fuero Penal Juvenil? ¿Se cumplen las garantías o se atraviesa una situación precaria?
El fuero Penal Juvenil tiene cinco años. Nace con la creación de una ley que es la 13.634 que establece la creación de cargos del sistema de Justicia, crea jueces, crea fiscalías, crea defensorías, crea oficinas que tienen que ver con cuerpos de peritos, con trabajadores auxiliares de la Justicia. Es decir, una cantidad de recursos humanos y efectores que tienen relación obviamente con su objeto y sujeto que es la actividad penal juvenil. Este sistema debería estar acompañado por un sistema fuerte de contención social, que está establecido por esta ley, con el cual el sistema de Justicia debería trabajar en corresponsabilidad. Es decir, lo que se llama el sistema de promoción y protección. Incluye la creación de los servicios zonales, de los servicios locales, un sistema de instituciones que tiene que ver con establecimientos carcelarios, institutos de menores, centros de contención. Un sistema judicial que trabaje a la par de un sistema de contención y promoción de derechos y un sistema de responsabilidad juvenil en el Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Cinco años para acá, yo creo que ha avanzado la implementación del sistema de Justicia, pero ha sido precaria la implementación en el otro sistema que acabo de describir que es el sistema de promoción y protección de derechos. Ha tenido menor énfasis en cuanto a la implementación. Lo que vemos es que el viejo sistema de patronato que antes de 2008 venía funcionando con sus propias instituciones carcelarias, con sus sistemas de contención hacia el sistema de promoción se aggiornó al nuevo sistema pero no se adoptó como sí se adaptó el sistema de Justicia. Es decir, hubo una inversión monetaria mucho más fuerte en términos de ingeniería Pnela Judicial Punitiva y esto tiene que ver con haber reforzado la inversión en términos policiales, más comisarías, más destacamentos, más patrulleros, policía supuestamente especializada en temas juveniles, aunque eso se puede discutir, pero en términos de protección y contención ha sido de muy baja entidad. Esto ha generado de alguna manera un sistema garantista desde el punto de vista judicial, porque la ley procesal es garantista, pero la ley no funciona si no hay una verdadera contención. Porque se imaginarán: un chico es detenido por consumo de drogas, por tráfico de droga ilícita, y no encuentra en el sistema de Justicia gestores para evitar la prisionalización de este chico y en todo caso hacerle un seguimiento en términos de salud mental, lo más probable es que la Justicia prefiera preservar al chico en un sistema de encierro. Y eso no es lo que prevé la ley, la ley establece que la prisionalización sea la última opción. Claro, el sistema de contención y promoción es bastante deficitario y los jueces aseguran la prisionalización, por eso yo creo que el sistema o la inversión quedaron a medio camino.
¿El Poder Ejecutivo provincial realiza intentos por modificar esta situación que puede ser perjudicial para los jóvenes? ¿El trabajo en torno a la legislación que se hace desde el Ministerio de Justicia y Seguridad tiende a brindar facilidades o el sistema Penal Juvenil está trabajando "solo"?
El sistema Penal Juvenil funciona por fuera de las políticas que establece el Poder Ejecutivo en términos de prevención, o en todo caso de represión del delito. La Justicia aparece después juzgando los hechos que el sistema policial, que sí pertenece al Poder Ejecutivo, efectiviza, es decir en una etapa posterior. El sistema de Justicia trabaja como un poder independiente de las políticas que establezca el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que por lo general las detenciones de chicos en la vía pública obedecen al Ejecutivo y después el Judicial las analiza. Ahora bien, el Ministerio de Justicia y Seguridad no tiene injerencia sobre las previsiones de la ley en materia de protección y promoción, eso obedece a lo que es política social del área del Ministerio de Desarrollo Social o la Secretaría de Niños y Adolescencia que ahora tiene jerarquía ministerial. Entonces, el déficit que estoy contando tiene que ver con un déficit de política pública de inclusión. Y esa no es el área de Justicia y Seguridad, sino de Desarrollo Social. Sin perjuicio de advertir que es cierto que hay subejecución de partidas en esas áreas y hay una ejecución real, una mayor inversión en términos de seguridad visible, de mayor despliegue policial, de mayor tecnología respecto de policías, chalecos, alarmas, sistemas de seguimiento satelital, sistema de control fílmico. Es decir, se evidencia una inversión más fuerte de seguridad visible, de seguridad ciudadana, pero en términos de programas sociales de inclusión, de inversión en salud mental, en seguimiento de efectores del sistema de niñez, es lo que se llama seguridad invisible pero es la más profunda, porque es ahí donde el Estado invierte en no reincidencia del delito. Invierte en términos de seguridad real, de inclusión. Pero hoy en día, la espectacularidad mediática, la inseguridad visible, se mide en términos de visibilidad de patrulleros, en términos de visibilidad de imágenes. Yo creo que la provincia ha estado pendiente de estos temas de marketing. En temas de niñez y adolescencia, que no ha sido visible para la gente, tiene otro tipo de seguimiento. Uno como defensor Penal Juvenil se queja de estos temas porque en realidad quiere o pretende que cada chico que ingresa al sistema tenga una salida completa, un abordaje complejo para que no reincida. Y eso quizás la ciudadanía no lo ve pero sí lo termina viendo cuando el chico reincide, porque el chico no puede salir de un círculo criminal. Y ahí sí se evidencia después cuando el chico vuelve a aparecer en una escena delictiva. Si el Estado invierte en ese chico, el Estado hace un seguimiento, el Estado no usa al chico encerrándolo una y otra vez o en todo caso friccionando la vía pública a través de fricciones, si coloca un psicólogo, o en todo caso un trabajador social, logra dar una beca o que el chico aprenda un oficio o se inserte escolarmente, por supuesto que esa inversión no visible en un principio resulta visible a largo plazo. Y eso es lo que está faltando y eso uno siempre lo está denunciando. En ese caso yo creo que el Ministerio de Justicia y Seguridad no ha tenido buenas coordinaciones con la Secretaría Niñez y Adolescencia de la provincia y ha hecho su política en términos de control a lo que es infancia y la ha hecho muy fuerte, muy intensa, y no ha coordinado en ningún aspecto que tiene que ver con el desplazamiento del dispositivo de seguridad para la aparición real del sistema de niñez y adolescencia. ¿Esto cómo se ve? En un territorio, el poder policial termina siendo en términos de control y seguimiento de niñez y adolescencia, que es considerada peligrosa, termina siendo contenida por el sistema policial y no por los efectores que deberían. Es decir, si en cada esquina del conurbano vas a tener en vez de un trabajador social, un seguidor, alguien que tenga un contacto no policial con los chicos, que pueden estar juntándose y pueden hacer “despioje”, estás eligiendo un modelo de fricción con la infancia que considerás peligrosa. Por lo general la infancia que es considerada peligrosa, que está parada en una esquina y que supuestamente va a “bardear”, va a generar más conflictividad con un policía que con alguien del área de niñez. Es claro que la política está direccionada a que la relación se de con la policía en el territorio y no con la promoción y protección de los derechos, en teoría.
¿El impacto mediático genera una influencia sobre la Justicia?
Sí, bueno, todo nuestro país y Latinoamérica está atravesado por la demagogia punitiva, y esto es un paradigma basado en la sensación de inseguridad ciudadana, en el cual el Estado promueve calmar ánimos o sensaciones de los ciudadanos a través de medidas que no son profundas o, como decía antes, que no son de trabajo estructural con el problema de lo que es la inseguridad social, que no es solamente inseguridad delictiva. El Estado utiliza mecanismos de resolución de conflictos criminales por medidas superficiales o medidas cortoplacistas, o medidas de visibilidad, de apariencia, pero no medidas de inversión a largo plazo y de fondo, como puede es, a mi entender, la Asignación Universal por Hijo (AUH), como son las políticas sociales de subsidios, como son las políticas que tiene que ver con la salud mental y la creación de dispositivos, lo que es el espacio físico hospitalario para chicos que vienen arrasados por el “paco” o sustancias de todo tipo. Esas son las medidas profundas de seguridad. Por supuesto el sistema de Justicia no se mantiene distante de lo que es la sensación de inseguridad ciudadana y de las medidas demagógicas. El sistema compra la misma ideología y la demagogia punitiva y hace demagogia como también lo hace el Poder Ejecutivo. ¿Y de qué manera lo hace? Muchas veces hay situaciones delictivas que no merecen la prisionalización o que, en todo caso, se pueden resolver con otros tipos de mecanismos menos dolorosos que el sistema Penal. Sin embargo, respecto a la presión social que hacen los medios de comunicación en términos de la inseguridad, la inseguridad y la inseguridad, al punto de que en la agenda política es uno de los temas centrales, produce que los jueces se retraigan y adopten temperamentos muy conservadores. Y en ese caso utilicen lo que se llama la prisión preventiva de manera abusiva. Y hoy en día tenemos en la provincia de Buenos Aires un 70% de personas prisionalizadas con medidas cautelares y no con sentencias de por medio. Es decir, es un sistema masivo de cercenamiento de libertades basado en las medidas cautelares. Justamente en este momento en que está en discusión el concepto de cautelares. Hoy en día los jueces tienen que tratar de asegurar la verosimilitud del derecho en el encierro a través de sentencias firmes y no por medidas previsorias. Que por un lado se está discutiendo en nación con las medidas cautelares de factor patrimonial. Pero en términos penales también debería ser discutido por la privación de la libertad que existe.
Los chicos con los que trata, ¿entienden que el sistema les brinda garantías? ¿Conocen esta situación o se ven influidos por la "demagogia punitiva"?
Yo creo que se ven de alguna manera abordados y desbordados por este tema. Hay una conflictividad policial, social y juvenil que están cruzadas todo el tiempo en los territorios, y que de alguna manera el cinturón policial que muchas veces cerca a los chicos, porque convengamos que la situación en el conurbano profundo es compleja. Muchas veces no hay una distinción entre la relación entre criminalidad juvenil y vínculo policial, a veces los pibes trabajan para la policía, a veces se cortan solos o a veces hay pleno amateurismo. Lo que uno advierte es que incentiva el modelo policialista de la seguridad, pero lo que no se ve es que a veces el tremendo poder que la política le entre a la policía es utilizado para regular el delito que en realidad debería combatir. Y vemos que muchos chicos trabajan para la policía. Entonces hay una vinculación entre demagogia punitiva, policía y chicos que se ven cercados por ese modelo policialista que a veces no les da margen, y a veces son presionados o extorsionados para trabajar para determinado sector y no para otro y eso tiene costo y saldo. Hay un caso que es el de Luciano Arruga donde el chico, por tratar de salir de esa presión policial para trabajar, es desaparecido por la misma policía. Ese es un caso pero hay muchos casos. Un caso que se evidenció, fue público, una desaparición forzada de persona, pero hay muchos casos iguales donde vemos que hay chicos que son ejecutados por la espalda por los policías en situaciones confusas. En ese sentido creo que esto obedece a la cantidad de poder que se le entrega a la policía y al no control de ese poder. El uso de fuerza brutal, la falta de control de asuntos internos sobre las instituciones sumarias y sobre el uso reglamentario de la fuerza o las formas en los que la policía se mueve en los espacios públicos. El sistema Penal Juvenil debería ser un sistema amigable de acceso a la Justicia, un sistema donde los operadores judiciales deberían utilizar el principio que la Convención de los Derechos del Niño establece para orientar a los chicos a lo que se llama responsabilización. Si los chicos no entienden el sistema, cómo hablan los jueces, los defensores, lo más probable es que el chico al estar tan confuso por la situación en la que está quedé en el medio de la nada y salga peor de lo que entró. Porque hubo mucha gente que le habló alrededor, le habló de garantías, de derecho, de juzgamiento y demás y el chico sale más confundido de lo que entró, además de que entró prisionalizado. En este sentido creo que el sistema no ha dado una respuesta. Creo que todavía queda por verse, hacer un análisis fuerte, sobre qué hizo el sistema Penal Juvenil sobre la forma en la que se habla, las prácticas, los imaginarios, para ver cuál es el resultado. El sistema Penal Juvenil debería ser un teatro de la responsabilidad, debería crear o influir a los chicos con valores para que no repitan conductas. Esto depende de la bondad de los efectores judiciales, de su capacitación. Si no están capacitados, si no tienen los insumos necesarios para resolver estos problemas o para hablar e interactuar con los chicos, los menores obviamente ven con temor a los jueces, son traídos por la policía después de haber, muchas veces, sido golpeados, apremiados y luego son sentados frente a un juez que pregunta y los interpela. Es decir, el sistema muchas veces es hostil con los chicos. Del sistema policial van al de Justicia y luego terminan en el penitenciario. Esta relación debería romperse en el sistema de Justicia donde debería ser amigable y tener pautas de acercamiento pedagógicas y educativas para que los chicos entiendan el proceso, se responsabilicen y acepten el concepto de ley y en todo caso no reincidan. Esto hay que ver si en la práctica aparece. Yo creo que depende de los efectores de cada departamento judicial. En el departamento judicial de La Plata que es el que conozco tiene problemas: le habla a los chicos con mucha altura, les habla con hostilidad, refleja violencia. No es muy distinto del sistema policial judicial, en términos de prácticas, bastante inquistorial.
Las inundaciones de abril lo atravesaron de lleno y a pesar del trabajo que se llevó a cabo todavía hay incertidumbre al respecto. ¿Qué va a pasar con esa controversial causa? ¿Va haber alguna especie de respuesta judicial en algún momento?
En este caso, la causa de inundaciones ha iniciado dos causas: una contencioso administrativa que la inicié yo, y una penal en la que se investigó en su momento las averiguaciones de causales de muerte y un estrago con responsabilidad, donde se investiga a funcionarios públicos por el cumplimiento de obras y como consecuencia los daños materiales y humanos ocurridos, ese tipo de estragos. Las dos causas están abiertas, en las dos se están investigando los hechos. En el hábeas data se investiga en realidad registros públicos y privados donde se han (o no) volcado datos sobre el número de víctimas. Acá ha habido, como es de público conocimiento, una fuerte discusión sobre el número de víctimas. Al punto de que los primeros días, las primeras semanas, se estableció una cifra que no terminó siendo tal. El Poder Ejecutivo de la provincia dio a conocer una cifra que la Justicia después refutó. Esto generó varias polémicas: por un lado sobre las burocracias administrativas que no están preparadas para una situación o catástrofe de esta magnitud y por supuesto que no generan confianza pública. Porque por supuesto que con el derecho a la información sobre las vidas humanas, el Estado debería ser bastante eficiente para no generar más calamidad o inseguridad o generar confusión cuando la sociedad quiere saber cuál es el número de víctimas. Es decir el derecho a la verdad como derecho humano frente a una catástrofe climatológica pero también una catástrofe humana. Acá con el tiempo se ha podido verificar con el tiempo que la cifra de víctimas cercana a 70 personas y es cierto que el tema ha quedado en segundo lugar. Ha transcurrido un tiempo en el cual ha sido desplazado como tema central. Yo creo que las dos causas van a arrojar datos concretos. El sistema parlamentario provincial tiene dos comisiones en funcionamiento que están elaborando un informe y creo que ahí se va a dar cuenta de esta situación. Se han advertido irregularidades en los procesos burocráticos de conteo, en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. Esas irregularidades han sido denunciadas en causas penales y en la causa contencioso administrativa. Irregularidades del estilo de personas encontradas fallecidas en la vía pública que no se dieron por fallecidas, que se certificó su defunción a través de tipos particulares, personas que no han sido registradas en el Registro de las Personas, su defunción como corresponde cuando existió una causa traumática de su defunción. Distintas irregularidades que todavía quedan por ver si fueron dolosas o fueron deliberadas para forzar un número o si en realidad fueron medidas burocráticas.
Se hicieron señalamientos en torno a la declaración de tragedia, y se precisó que era un motivo para ocultar el número de víctimas. ¿Tiene asidero ese argumento?
El concepto de tragedia es un concepto de la filosofía griega, eso no tiene nada que ver con términos legales. En estos términos, la declaración de emergencia funcionó y estuvo el comité de crisis, por supuesto que existió una situación de emergencia social pero solo eso.
Recientemente denunció muertes de jóvenes por el accionar de fuerzas uniformadas. Considerando su experiencia en el ámbito de la Defensoría, ¿cuál piensa que es la causa de esto que suceda? ¿Cree que hay algún esbozo de solución?
La violencia institucional como problema o como fenómeno social es algo que los últimos años se ha tematizado cada vez más. No solo porque el concepto de violencia institucional está emparentado con las formas con que el Estado utiliza el poder punitivo. Tiene un arraigo o un vínculo con lo que ha hecho el Estado desde la dictadura de 1976 porque el terrorismo de Estado ha sido una forma de violencia institucional. El uso de la fuerza en democracia puede ser utilizada con un control estricto o un uso relajado. Los reglamentos administrativos establecen pautas rígidas en este sentido pero si después los mecanismos de control administrativos del uso de las fuerzas están relajados o son flexibles, por supuesto que existe como una especie de autorización o permiso paralegal para hacer un uso de la fuerza a discreción. Esto ocurre en toda Latinoamérica, y también en Estados Unidos. Hace poco, un chico de 17 años fue ejecutado por un personal de civil o parapolicial al igual que ocurre en el conurbano. Sucedió igual que aquí: el policía vio una persona de color, creyó que su comportamiento era extraño, le quiso robar según alegó, sacó el arma y lo mató. Eso motivó que en varios estados se genere una protesta masiva. Esto no es lejano a lo que ocurre en muchas policías latinoamericanas. En México pasa muchísimo esto, pasa por supuesto con los sectores populares, en las barriadas de ese país, pasa con las maras, pasa en Guatemala, en Brasil, y en Argentina pasa. Muchísimo. Yo hablaba de la demagogia punitiva que es una ideología que se aparece de lleno en la década de los 90 y que se instala dentro de las fuerzas de seguridad. En la Argentina sigue teniendo injerencia fuerte. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires. El control sobre el uso de la fuerza brutal es relajado, es débil, y las auditorías de asuntos internos no generan pautas de control ni de coordinación sobre el uso de las armas, y por lo general las academias policiales no hacen hincapié en lo que es la pauta en términos de derechos humanos o en la reglemantación de los pasos en el uso de las armas. Las fuerzas uniformadas siempre establecen los cuatro o cinco pasos anteriores a percutar el arma de fuego, el disparo del armar de fuego, que siempre es la última posibilidad. Antes tiene que cumplir las reglas de utilización: dar la voz de alto, sacar el arma, hacer saber que uno es policía, y en todo caso si la situación, porque la otra persona tiene un arma de fuego y es la vida de uno o del otro, se dispara, pero nunca a una zona sensible. Se dispara a una zona donde el daño no debería generar la muerte. En nuestro país, directamente lo que vemos o advertimos es que este control o estos pasos no es fuerte, y esto genera una especie de permiso ficto para ejecutar las armas a la primera de cambio y no como disuasión sino como medio de ejecución de personas. No hay sanción a los policías por esto y esto genera un efecto de repetición que genera, al mismo tiempo, un imaginario de premio o de no castigo respecto de este tipo de eventos. Además, el personal policial, en su reglamentación, tiene permiso para portar el arma fuera de servicio. Un policía que tiene su arma es policía cuando vuelve a su casa como cuando actúa como oficial uniformado, por lo tanto es policía las 24 horas. Eso genera un desgaste en el imaginario del policía: es decir, no hay corte entre el momento que trabaja y que no trabaja porque el arma la lleva siempre y se le exige que sea policía inclusive en los momentos en los que no trabaja. Esto genera a mí entender que el uso del arma promueve de alguna manera el uso del arma antireglamentario. Esto termina generando los casos que vemos y que denunciamos. Hay policías que están fuera de servicio, que supuestamente son abordados por jóvenes, por adolescentes que presuntamente les van a robar o el personal observa una situación extraña, desenfunda el arma y mata. En La Plata este último año yo he denunciado ocho casos de chicos ejecutados por la espalda, de esta manera, por policías que desenfundan el arma y los abaten a los chicos, en situaciones que son extrañas, que no son claras. Y por supuesto un sistema de Justicia indolente que no los responsabiliza y los hechos quedan impunes. Esta es la situación.
¿Piensá que se puede intervenir en esta situación?
Una política de seguridad con control de las armas de fuego hacia adentro de las fuerzas, no solamente de la academia, sino con control de prácticas tiene que ver con una auditoría de asuntos internos que controla las formas en las que se han utilizado las armas, un control de las armerías dentro de la policía, la custodia de las armas dentro de la policía. Se sabe que en provincia de Buenos Aires hay muchas armas que son secuestradas en situaciones delictivas y después vuelven a aparecer en el mercado negro, uno no sabe por qué agujerito volvió a salir el arma. Una política de control fuerte sobre el uso de armas en las fuerzas por supuesto que pondría en caja al sistema policial y también intentaría evitar o prevenir el uso del armar abusiva. Pero eso también tiene que ir de la mano de un servicio de Justicia que juzgue a esos policías que ejecutan o usan el arma sin cumplir los pasos mencionados y responsabilice y castigue. Si los policías ven eso no los repetirían (a los hechos) y usarían las armas de otra manera. En Canadá por ejemplo el uso del arma letal tiene otro tipo de complementos. Lamentablemente en Argentina es una autorización para matar. Lamentablemente el sistema está pergeñado para que haya un aval para el uso letal del arma.
Moviéndonos un poco de todo este tema, queríamos preguntar por la poesía que usted escribe. ¿De qué se trata?
Escribo poesía desde chico y tengo cinco libros publicados de poesía. Soy editor al mismo tiempo, tengo una editorial que se llama “La Talita Dorada/Los detectives salvajes” que nace hace tres años. Yo soy hijo de desaparecidos y con un amigo decidimos editar manuscritos de personas desaparecidas que no fueron editados, que tenían, que hacían literatura y que el terrorismo de Estado impidió que eso siga ocurriendo. No solamente que desaparezcan friamente sino que también desaparezcan los manuscritos que estaban elaborando. Nosotros recuperamos eso y los damos a conocer, los publicamos en libros. Nosotros llevamos seis libros publicados de seis desaparecidos poetas, que no son conocidos, que están fuera del canon de la poesía argentina, Jorge Gómez, Rosa María Pargas, Carlos Hallú, son poetas desconocidos y que nosotros queremos dar a conocer. Y a la vez editamos a los chicos o jóvenes nacidos durante la dictadura que están pensando la poesía un poco desde la política o desde la violencia o desde lo que quedó del terrorismo de Estado. Un poco también trabajar en la cultura es algo muy importante, dar la batalla, en términos de satisfacción personal pero también de transformación desde otro lugar. El derecho es parte de la cultura pero también uno le encuentra al derecho otro color cuando encuentra un compromiso ético y estético.