Esta semana se realizó un encuentro en la Capital Federal para debatir Justicia Penal Juvenil en la Argentina. Los detalles de la reunión en la que se concluyó que el país “debe ajustar su marco legal a los estándares internacionales”.
La Justicia Penal Juvenil es uno de los debates que aún restan por darse en el país con mayor profundidad. En este sentido esta semana se organizó un encuentro donde diversos especialistas de la región pusieron en el tapete la problemática e incluso sostuvieron que Argentina “debe ajustar su marco legal a los estándares internacionales”.
Entre los participantes del encuentro estuvo Miguel Cillero Bruñol, reconocido especialista de los derechos de infancia y profesor de la Universidad Diego Portales de Chile, que destacó que “que la pena de privación perpetua es cruel y denigrante no solo por la proporcionalidad penal sino por haberse utilizado un sistema de adultos para niños cuando la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales nos hablan de la existencia de un instituto reforzado para las personas menores de edad y un régimen especializado que limite el poder punitivo del Estado”.
Los temas analizados por los especialistas rondaban el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso “Mendoza”. Se resaltó que “este fallo es inédito ya que la Corte no solo condena al Estado por haber incurrido en responsabilidad internacional sino que va mas allá y le dice al legislador que se someta a los estándares internacionales que el Estado se ha comprometido”.
Cillero Bruñol también agregó que “el corazón del fallo no es prohibir las penas más graves sino garantizar en el sistema penal, los principios internacionales como el de proporcionalidad y especialidad, el de dignidad y valor, el del interés superior del niño, dejando atrás los criterios de peligrosidad y defensa social”.
Por su parte, Facundo Hernández, abogado de tres condenados y coordinador ejecutivo del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, opinó que el Estado y las diferentes fuerzas políticas que lo componen - luego del Fallo - deben seguir al sistema interamericano y sancionar un régimen penal juvenil, sanción que el Estado argentino en repetidas oportunidades comprometió, y hasta el momento no cumplió.
La coordinadora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, opinó sobre la necesidad de promover el diálogo con las diferentes esferas del Estado mientras el caso particular se encuentra en trámite de denuncia y trabajar en esquemas complejos e integrales que superen el solo caso individual, son algunas herramientas que deberían utilizarse de manera.
Para finalizar, Emilio García Méndez, presidente de Fundación Sur Argentina y perito ante la Corte Interamericana en el Caso “Bulacio”, hizo una convocatoria a reiniciar un debate justo que supere la falsa dicotomía de la baja o no baja de la edad de imputabilidad y que con seriedad y sin hipocresía se discuta la sanción de un régimen penal juvenil que supere la ambigüedad y la arbitrariedad del actual sistema vigente.
El encuentro fue organizado por Fundación Sur Argentina conjuntamente con el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Amnistía Internacional Argentina.
Entre los asistentes al encuentro, se destacó la presencia del diputado nacional, Manuel Garrido, quien recientemente presentó un proyecto de responsabilidad penal jvenil; Gustavo Palmieri, ex funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación; Luis Torcoletti, juez de garantías de Mercedes; Noris Pignata, directora general de “Programas Descentralizados” en el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Ciudad de Buenos Aires, y Agustina López, de la Asociación Justicia y Derechos de Uruguay, entre otros.