La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile pidió "perdón" por su papel durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Las autoridades judiciales "claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales" explicaron mediante un comunicado.
La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile pidió perdón por su papel durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, que se cobró la vida de unas tres mil personas.
"Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal" expresó mediante un comunicado la asociación chilena.
“Sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces”, continua el pedido de perdón de los magistrados trasandinos.
El comunicado explica que los juece no fueron capaces en “ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción”.
"“Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia”, continuan.
Y concluyen: “La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia".
La declaración de la asociación de magistrados chilena llega poco antes de que se cumplan 40 años del golpe ocurrido en 1973. En aquellos años los tribunales rechazaron unos 5.000 casos en los que se pedía ayuda para localizar a seres queridos desaparecidos o ejecutados por las autoridades.