La Cámara alta bonaerense aprobó el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad. Se vuelve al esquema que había sido acordado en 2010. Qué atribuciones tiene cada uno según la iniciativa y qué se dijo en torno a la cuestión.
“Se impulsa la unificación de los Ministerios de Justicia y Seguridad, convirtiéndolos en una cartera ministerial en la que convergen las competencias atribuidas originalmente a cada uno de ellos. (…) Su conjunción nos posibilitará encontrar soluciones integradas y efectivas conforme a las demandas y necesidades de la sociedad, procurando mayor prevención policial, más celeridad y eficiencia en la justicia, y profundización del tratamiento penitenciario”, expresaba la normativa que en 2010 unificó los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses.
Tan solo tres años después, la iniciativa debió volver a cero y los órganos debieron descentralizarse nuevamente. Los distintos reclamos y recursos (económicos y administrativos) que se debían destinar a atender las cuestiones de seguridad provocaron que la idea de juntar las funciones ministeriales no funcione. Esto es también porque la Justicia provincial abarca a la mayor cantidad de personas en todo el país.
La gestión en el Ministerio de Justicia quedará a cargo de Ricardo Casal, quien era titular de la cartera antes del desdoblamiento y cuya gestión fue ampliamente apoyada por el gobernador Daniel Scioli. En tanto, el órgano dedicado a la seguridad será ocupado por Alejandro Granados, quien fuera intendente de Ezeiza durante más de 18 años. Algunas organizaciones sociales realizaron señalamientos sobre su nombramiento como autoridad ministerial.
El autor del plan “Tolerancia cero contra la delincuencia” (una iniciativa aplicada al partido donde fue intendente) afirmó en relación a su nuevo cargo que “no hablamos ni de mano dura ni de mano blanda”. En este orden de ideas, también destacó que “tenemos que tener a la policía activa. Si lo hemos podido lograr en Ezeiza, por qué no podríamos en provincia. No digo que vamos a lograr bajar el delito en dos días. Pero quiero que el vecino vea pasar el móvil policial todos los días”.
Para redoblar la apuesta, Granados aseguró que “es una oportunidad histórica para que la policía vuelva a tener el prestigio que supo gozar alguna vez. Los policías buenos van a estar, los malos se van a tener que ir”.
El proyecto que estableció el desdoblamiento de los ministerios contempló para el área de Justicia “proponer, elaborar y coordinar las políticas provinciales en materia de justicia, procedimientos judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos, de organización e infraestructura del Poder Judicial y del Ministerio Público. Mantener la relación con el Consejo de la Magistratura Provincial y la elevación de las propuestas para la designación de magistrados y funcionarios que requieran de acuerdo legislativo”.
“Ejecutar y coordinar las políticas relacionadas con las personas jurídicas, ejerciendo el control sobre las actividades de sociedades y asociaciones. Organizar, dirigir y supervisar el régimen del servicio penitenciario y patronato de liberados, interviniendo en todas las cuestiones relacionadas con los sistemas carcelarios, registros de reincidentes, régimen de liberados, amnistías y conmutación de penas. Intervenir en la planificación de la infraestructura judicial y penitenciaria, en coordinación con los Ministerios de Infraestructura y Economía”, entre otras funciones.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad se encargará de “organizar y dirigir las policías de la provincia de Buenos Aires, el sistema de defensa civil y la actividad de las agencias de seguridad privada. Coordinar las relaciones entre las policías y la comunidad. Participar en los planes, proyectos y programas en materia de catástrofes y accidentes, en coordinación con otros organismos nacionales, provinciales y municipales”.
También se ocupará de “coordinar y dirigir el sistema de comunicaciones al servicio de la seguridad pública. Planificar, ejecutar y fiscalizar la ejecución de las acciones de inteligencia, de seguridad y policial que fueren conducentes a la prevención y represión del delito. Planificar, coordinar interjurisdiccionalmente y ejecutar las acciones que se decidan en las materias vinculadas a su competencia material”.
“Proponer, elaborar y ejecutar, de conformidad con los lineamientos que imparta el Poder Ejecutivo, los planes y políticas en materia de seguridad pública, así como de asistencia y protección de las personas, sus bienes y de prevención de los delitos. Evaluar la implementación de la política de seguridad y controlar el funcionamiento de las policías de la Provincia”, completa la iniciativa.