Los castigos, que tuvieron lugar en plazas públicas, fueron difundidos en noticieros de televisión desatándose una polémica sobre estos procedimientos aplicados por los indígenas, que aseguran que ejercen su propia justicia por desconfiar de la justicia civil.
Por su parte, el ex presidente de la Corte Suprema ecuatoriana, Walter Guerrero, declaró a la prensa que la justicia de los pueblos indígenas "tiene que estar de acuerdo con las leyes del país". "Por eso no pueden las comunidades indígenas imponer castigos que no están en el código penal, como el flagelamiento", añadió y se pronunció además por el urgente tratamiento parlamentario de “una ley de justicia indígena para ensamblar con el sistema nacional".
Cabe destacar que el artículo constitucional que acepta la aplicación de justicia dentro de las comunidades indígenas expresa que sus autoridades tienen poderes legales para resolver conflictos internos "de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que (los procedimientos) no sean contrarios a la Constitución y las leyes".
La semana pasada, los indígenas de la comunidad de La Cocha, en la provincia de Cotopaxi, ubicada en el centro del país, dieron latigazos y flagelaron con ramas de ortiga a tres miembros del pueblo, acusados de asesinar a un pariente.
El martes pasado, un indígena acusado de matar a un taxista sufrió un castigo similar en Guangajo, también en la provincia de Cotopaxi, 90 kilómetros al suroeste de Quito.
El miércoles, en la comunidad de Poaló, en la misma región, fueron azotados y rociados con agua fría durante al menos una hora dos hombres mestizos acusados del robo de reses. Luego les cortaron el cabello a tijeretazos.
En todos los casos, los acusaron fueron también obligados a caminar cargando pesados costales llenos de piedras.
Cumplidas las sentencias, los acusados fueron entregados a agentes de la policía nacional que presenciaron los flagelamientos sin intervenir, quienes los trasladaron hasta una cárcel para ser entregados a jueces civiles.