El proyecto de ley presentado por los senadores del FpV Aníbal Fernández y Elena Corregido para combatirla violencia doméstica recibió críticas durante la última reunión de comisiones en la que se trató el tema. Qué señalamientos se hicieron a la iniciativa.
En junio de este año, los senadores Aníbal Fernández (FpV) y Elena Corregido (FpV) presentaron un proyecto de ley que preveía combatir y eliminar, paulatinamente, aunque suene grandilocuente, la violencia doméstica en el ámbito familiar. Después de algunos meses de debate la iniciativa parecía avanzar en el sentido correcto.
Pero en la última reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta se realizaron algunos señalamientos en torno a la propuesta, y algunas representantes de las organizaciones que luchan contra esta problemática coincidieron en afirmar que la aprobación del proyecto tal como está puede implicar un retroceso.
Algunas de las expositoras alegaron que con las previsiones contempladas por Fernández y Corregido se puede llegar a “invisibilizar” a las verdaderas víctimas de la violencia familiar, es decir, los niños, niñas y mujeres.
Entre otras cosas, afirmaron que la legislación que rige en la actualidad es mejor pero que aún restan muchas modificaciones que podrían ayudar a la lucha en contra de este flagelo, sobre todo en términos presupuestarios para el órgano que centraliza gran parte del trabajo de las organizaciones, el Consejo de la Mujer.
En tanto, Laura Mussa, de la Fundación Sur Argentina, precisó que el proyecto debía retirarse de la discusión. Por su parte, Fabiana Tuñez, de la Casa del Encuentro, afirmó que “en derechos humanos no puede haber retrocesos. El proyecto es un paso atrás”. También instó a los legisladores a que compartan “24 horas en la vida de una mujer golpeada para saber qué pasa cuando hace la denuncia después del acto de violencia”.
La diputada María Luisa Storani (UCR) afirmó, en este orden de ideas, que el “presupuesto presentado por el Ejecutivo para el año próximo recorta 1 millón de pesos en lo asignado al Consejo de la Mujer, que, además, debe utilizar el 77% de su presupuesto para pagar sueldos”.
Por otro lado, la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) entendió que “sin presupuesto ni estadísticas necesarias para implantar políticas públicas contra la violencia y el abuso no sirve sancionar nuevas leyes”.
La iniciativa presentada por Fernández y Corregido faculta a los jueces para que cuando reciban una denuncia en relación a un hecho de este tipo disponga medidas de intervención urgentes, al margen de que las cuestiones de competencia en el futuro hagan que la causa pase a manos de otro magistrado. De esta forma se busca evitar algunas dilaciones clásicas del Poder Judicial a la hora de atender estas situaciones.
Además, entre sus preceptos, la propuesta establece que a la hora de tener en consideración la legislación en torno a este tema los magistrados deberán ponderar las leyes de mayor avanzada, sean nacionales o provinciales.