La Cámara de Casación Penal rechazó recursos de casación de policías y confirmó una sentencia que ordenó que se realice un nuevo juicio contra los uniformados por presuntamente haber aplicado tormentos a menores de edad detenidos.
La sala III de la Cámara de Casación Penal, con las firmas de Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, rechazó recursos de casación presentados por la defensa de nueve policías y del fiscal, contra una decisión de un tribunal oral que ordenó se realice un nuevo juicio en una causa en la que se investigan tormentos a menores de edad.
Se trata de la causa “Verón, Natalia y otros s/recurso de casación” donde el TOC N° 12 declaró la nulidad del alegado del fiscal y del debate oral disponiendo la realización de un nuevo juicio oral contra los policías por los hechos investigados.
La causa se inició luego de que en julio de 2010 detuvieran en horas de la madrugada a tres menores por haber roto presuntamente un auto estacionado en la vía pública. Según se denunció los policías habrían “ocasionado tormentos físicos e impuesto sufrimientos psíquicos” a los menores.
Los camaristas, por mayoría conformada por Borinsky y Riggi, consideraron que “el alegato fiscal no fue debidamente fundamentado, pues omitió valorar circunstancias determinantes para la solución del caso”.
Ya que “si se comprobó objetivamente que los menores tenían lesiones en su cuerpo, debió haberse analizado certeramente que éstas no se hayan producido a partir de que los jóvenes entraron en contacto con los preventores, si es que se pretendía desvincular a los nueve imputados que arribaron al debate”.
Asimismo explicaron que “no vulneró el principio del ne bis in idem la resolución que declaró la nulidad del alegato fiscal y del debate realizado y, a la vez, ordenó la realización de un nuevo juicio, pues al no existir una sentencia –sea condenatoria o absolutoria- firme, no puede entenderseprecisamente que los hechos objeto del debate hayan sido materia de “juzgamiento””.
La disidencia estuvo a cargo de Catucci, quien sostuvo que la resolución impugnada “representa una posible afectación a los derechos del justiciable, pues de ser correcta importa la renovación de los trámites procesales y la indefinición del proceso”.
No obstante ello, la Cámara rechazó los recursos de casación presentados por las defensas de los 9 policías y por el fiscal confirmando así la realización del juicio.