La medida fue dictada por la Sala Segunda de la Cámara Federal que confirmó parcialmente lo resuelto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también había encontrado al ex funcionario responsable por el delito de “administración infiel contra el Estado” y ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos.
Sin embargo, la Cámara entendió que Mayorga no podía ser procesado por ese delito debido a que todavía resta la realización de una pericia contable y por lo tanto no se puede establecer con precisión si existió tal perjuicio al Estado Nacional.
Asimismo, los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun dictaron la falta de mérito de los empresarios hoteleros que habían sido procesados en primera instancia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa comenzó por una denuncia de un empresario hotelero que quedó afuera del negocio de las concesiones y luego fue ampliada por la Oficina Anticorrupción contra Mayorga, otros ex funcionarios de la Secretaría de Turismo y un grupo de hoteleros que resultaron beneficiados.
El fallo ratifica que se trató, en definitiva, de una contratación directa realizada en 1991 y que benefició a siete empresas, pero que se realizó violando el régimen vigente previsto por el Estado, ya que la adjudicación era por cinco años, pero Mayorga la extendió a ocho.
En ese entendimiento, se sostiene que las empresas ganadoras y la Secretaría habrían actuado en connivencia para eliminar la competencia y direccionar el negocio, que permitió que las compañías cobraran en total casi 43 millones de pesos.
Por último, también se dio por probado que las empresas ganadoras consiguieron un reajuste de los precios pactados que percibían por día turista, que subió de 20 a casi 24 pesos a partir de un decreto presidencial de 1994.