La medida que afecta Mayorga y otros ex funcionarios y hoteleros -que contempla embargos de cien mil pesos a cada uno- fue dispuesta hoy por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del juzgado federal 7 y con la intervención del secretario Oscar Aguirre.
Además de Mayorga, el magistrado procesó por el presunto delito de defraudación en perjuicio de la administración pública al ex subsecretario de Promoción Federal Oscar Hector Talía; al ex Director General de Administración, Miguel Angel Papa, todos ellos ex directivos de la Secretaría de Turismo.
Asimismo, también procesó a los hoteleros Mauricio La Grottería, presidente de la Companía Hotelero Gastronómica Iberoamericana; Carlos Felipe Sola, vicepresidente de esa firma;Hector Orlando, presidente de Bagalá SA; Raúl Pedro Baldi, presidente de Rodel SA; Geovaldo Tardivo, titular de esa firma; Salvador Bautista Pérez, titular de la firma que lleva su nombre y Oscar Bouchoux, presidente de Hermandad SACIAyF.
Las presuntas irregularidades se habrían cometido en 1991, cuando se concretó la licitación para la concesión de los servicios de comedor y limpieza en los complejos turísticos que anualmente albergan a miles de personas, operación que está expresamente prohibida ya que no se habría efectuado la licitación correspondiente. En 1994 a partir de la firma de un decreto se autorizó el incremento de las tarifas en esos complejos hoteleros.
La denuncia que dió origen a la investigación fue formulada por un hotelero que quedó fuera de la licitación y posteriormente ampliada por la Oficina Anticorrupción. Las investigaciones habrían determinado que las siete empresas adjudicatarias llegaron a cobrar unos 43 millones de pesos, entre 1991 y 1999.
A los tres años de la licitación, las empresas adjudicatarias consiguieron un reajuste que elevó de 20 a 24 pesos por persona atendida.
La adjudicación era por cinco años, pero Mayorga decidió dejar el negocio en las mismas manos, por dos años más.
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