En declaraciones a Diariojudicial.com, Orio recordó que los datos, que consisten en informes sobre la cantidad de amparos, montos, jueces y porcentajes de decisiones a favor de los ahorristas, como así la celeridad en la resolución, ya fue reiterada al BCRA mediante un oficio remitido por el secretario general de la Corte Suprema de Justicia.
Al ser consultado sobre los por qué de la falta de respuesta del Central, el consejero indicó que no podía precisar si la misma respondía a la existencia de intereses políticos que no quieren que la investigación siga su debido curso.
Asimismo, recordó que igualmente en la comisión de selección se aprobó que se continúen celebrando las entrevistas para el concurso que tiene como fin cubrir una vacante en la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, aún si que se tenga la información del BCRA y el resultado de una auditoria en los juzgados de los magistrados de primera instancia que se postulan.
Sobre la auditoria, que fue impulsada por algunos consejeros, Orio manifestó su desacuerdo a que la misma se hiciera efectiva sólo sobre los concursantes y sobre ese hecho aseveró que “si existe un manto de dudas” las mismas abarcan a “los doce jueces contencioso administrativos” y no “sólo sobre los tres o cuatro que compiten por un lugar en la Cámara”. “Si se audita se debe analizar a todos”, sentenció.
Además, aseguró que si algunos de los concursante cometió irregularidades en la sanción de amparos a favor de los ahorristas él será el primero en presentar la denuncia ante la Comisión de Acusación, para se haga el debido dictamen y si es necesario se pida el juicio político del magistrado.
En el concurso en cuestión, entre otros, están tomando parte los jueces Osvaldo Guglielmino, Martín Silva Garretón y Ernesto Marinelli.
En tanto, Orio recordó que la investigación sobre el tema corralito-jueces comenzó cuando el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires le remitió al Consejo una denuncia de un juez de Azul respecto de irregularidades en el tema de los amparos del corralito.
“Esta denuncia, que ameritó el comienzo de la investigación, se dio al mismo tiempo en que algunas Cortes provinciales, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, le indicaron a jueces que no recibirían oficios de extrañas jurisdicciones”, expresó Orio.
A su vez, opinó que tanto la denuncia de Azul como las recomendaciones de las cortes provinciales eran hechos de “alta gravedad” que necesitaban ser investigados, pero no sólo en las provincias sino también en el ámbito federal.
Los ahorristas y el escándalo.
Por otra parte, Orio enfatizó que si bien entiende la necesidad y el derecho de los ahorristas a protestar por el despojo del que fueron víctimas no comparte la decisión de estos de hacer sus protestas en medio de un plenario del Consejo de la Magistratura.
De esta forma, el consejero se refirió al escándalo que se generó ayer por parte de una decena de ahorristas, que entraron en cólera cuando el cuerpo desestimó un recurso del juez Martín Silva Garretón para que se suspendiera el concurso en el que participa.
El enojo de los manifestantes provocó que el plenario haya suspendido las entrevistas públicas de los postulantes a ocupar un lugar en la Cámara de Apelaciones del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
En ese sentido, Orio indicó que los ahorristas equivocaron el lugar para hacer oír sus reclamos, aunque se preocupó por remarcar que el mismo era válido en todos sus aspectos, al tiempo que opinó que tampoco era la oportunidad para manifestar por parte del grupo el apoyo a tal o cual juez.
Al respecto, adelantó que para el próximo miércoles, cuando se tomarán las entrevistas a los concursantes, se extremarán las medidas de seguridad.