Las discusiones comenzaron hace más de seis años y los primeros pasos para esta realidad efectiva se dieron a raíz de largos debates en la legislatura: que si una reforma del Código Procesal Penal era necesaria, que si se podrían llevar a cabo todos los cambios estipulados, que si se podría generar la infraestructura.
Con nuevas instituciones a nivel estatal y la normativa procesal necesaria, la nueva Justicia Penal de Santa Fe está vigente a partir de este lunes y cuenta con una novedad fundamental que es el traspaso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio con toda la infraestructura que esto implica.
Pero eso no es todo, ya que a modo de plan piloto se empezaron a utilizar algunos de los nuevos pilares de la renovada Justicia Penal santafesina, tales como las oficinas de gestión judicial y los nuevos tribunales penales. Para ello los jueces comenzaron a trabajar en torno a los colegios y no en juzgados, de modo que existe un “pool” de magistrados a los que se les va asignando casos.
El nuevo rol de los jueces en el sistema acusatorio se limitará a tomar decisiones en el marco de la audiencia oral, pero la persecución será definida por el fiscal. Para este proceso se generaron leyes complementarias al Código Procesal reformado, inclusive algunas que fueron ampliamente discutidas como la que consignaba que los magistrados no podían formar parte de la audiencia inquisitoria, que aún no se encuentra vigente pero que el Ejecutivo impulsó.
Desde el Ministerio de Justicia santafesino remarcaron que “la reforma fue compleja porque implicó, además de cambiar leyes, capacitar a los operadores y montar las estructuras de los nuevos organismos en lo concerniente a recursos humanos y materiales (inmuebles, telefonía, movilidad, etcétera), de allí los tres ejes de la implementación en los que trabajó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: lo normativo, la capacitación y la infraestructura”.
“En este último aspecto, vale decir que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal disponen de inmuebles en todas las circunscripciones judiciales. También junto al Poder Judicial se adecuaron los espacios edilicios con una impronta que permita el funcionamiento de una forma distinta de administrar justicia”, destacaron desde la cartera que dirige Juan Lewis.
Las innovaciones también se llevaron a cabo en términos físicos, ya que como requisito para los cambios penales se tuvo en consideración la puesta en marcha de circuitos de circulación diferenciados para jueces, imputados y el público en general.
Para esta nueva Justicia Penal ya se designaron el Fiscal general, el Defensor provincial, cuatro de los cinco Fiscales Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela) y los cincos Defensores Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto). Es decir un total de 11 autoridades. Asimismo, han sido designados 105 funcionarios (66 fiscales y 39 defensores públicos), restando el acuerdo legislativo de 12 pliegos enviados a fines del año pasado para su designación (dos cargos de fiscales adjuntos y 10 de defensores públicos adjuntos).
dju
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