La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus) se expidió sobre la lucha contra el narcotráfico. Exhortó a todos los jueces a que “cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva”.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus) estableció su posición con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
La entidad presidida por Luis Lozano, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, exhortó “a todos los jueces, principalmente a aquellos que están en regiones donde este tema es más acuciante, que cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva”.
Asimismo, remarcó que “aun cuando se suponga que el problema que se aborda es el de aquellos delitos de menor entidad dentro del fenómeno global, lo cierto es que esa menor entidad no disminuye el enorme volumen de servicio que será necesario para atenderlos”.
Además mencionan la Ley 26.052 que prevé la proporcional transferencia de créditos presupuestarios a las jurisdicciones que adhieran y así lo requieran, “conviene tener presente a este respecto que la competencia que asumen las provincias que así lo desean sigue siendo federal, razón por la cual los costos deben ser absorbidos por la Nación”.
“Estos recursos deberían preceder al traspaso de las competencias, pues los medios a cuyo sostén están destinados deben estar dispuestos antes y no después de que la realidad torne necesaria su aplicación”, enfatizó la JuFeJus.
También explicaron que “harán falta más servicios personales, muchos de ellos considerablemente especializados, como los de los peritos, más capacitación en todos los operadores abocados a las nuevas tareas, dependencias para alojamiento de las personas sobre las que pesen privaciones de libertad, preventivas o sancionatorias, y bastante más”, consignaron.
Por esto, explica el documento, se “hace aconsejable que el traspaso sea precedido o, si no fuera ya posible, acompañado o sucedido de un estudio detallado de cuáles son las demandas que atiende la justicia federal al tiempo de las transferencias, estableciendo los medios necesarios para atenderlas y liquidando los mensurables en términos monetarios; para disponer, en base a ello, las medidas apropiadas en orden a implementar la nueva competencia en condiciones exitosas”.
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