Francisco Quintana (PRO) preside la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En una entrevista con DiarioJudicial.com, el legislador porteño habló de las tareas que durante 2014 se desenvolverán en la comisión y de la situación actual del Poder Judicial capitalino. Quintana no dejó fuera su opinión sobre el discutido pliego para el cargo de juez de primera instancia del fuero CAyT de la Ciudad, Martin Farrell, que se encuentra a estudio en la Legislatura. “Nuestra intención es que cumpliendo los plazos se ponga en debate en la Junta de Ética, y si tiene los votos necesarios después de despachar pase al recinto”, dijo.
¿Cuáles son hoy los proyectos que discute la Comisión de Justicia?
Me toca asumir en la Comisión de Justicia a partir del último recambio legislativo. La Comisión es una de las más importantes y, a su vez, una de las más activas de la Legislatura. Hay varios temas de coyuntura o de los que están en la agenda pública que se están trabajando en la comisión. El ejemplo más claro tiene que ver con las modificaciones del Código Contravencional en lo que tiene que ver con los trapitos y cuidacoches. Después hay cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial como la creación de fiscalías de investigaciones administrativas como hay a nivel nacional y todavía no existe a nivel local. Avizoramos un 2014 activo.
¿Qué opinión tiene sobre la implementación del plan piloto de Juicio por Jurados?
Creemos que se trata de una cuenta pendiente. Yo no he trabajado, y al día de hoy no integro la Comisión que desde el Consejo de la Magistratura ha venido trabajando este tema. Sin embargo, creemos que hay que avanzar en materia de juicio por jurados, no solo porque es una manda constitucional, sino porque creemos que la justicia de la Ciudad puede ser modelo. Tal vez porque es una justicia más pequeña y nueva y, en consecuencia, una justicia que está en mejores condiciones de implementar el juicio por jurados.
A diferencia de lo que pasa en la Ciudad, a nivel nacional el Sistema Acusatorio no está implementado y una de las críticas es la famosa razón de la “pérdida de poder jurisdiccional”. ¿Qué opina de eso?
En lo personal creo que este es uno de los ejemplos de las ventajas de haber constituido un poder judicial hace relativamente pocos años. Esto permite haber aprendido de experiencias en la justicia federal y nacional y de haber podido implementar algunas mejoras o novedades. Nosotros, a la luz de lo que han sido estos años de implementación, estamos satisfechos con esta particularidad que tiene el poder judicial de la ciudad.
¿Cómo viene la Transferencia de Competencias este año?
Hay que hacer algunas precisiones. La primera tiene que ver con que nosotros renovamos nuestro compromiso y reclamo en aras de una mayor autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y nos parece que este reclamo tiene que trascender a los oficialismos de turno y la política partidaria. Sin embargo, a la luz de las experiencias de las dos transferencias ya perfeccionadas, lo que creemos que no están dadas las condiciones para avanzar en un tercer convenio de transferencia de competencias. Esto tiene que ver el incumplimiento por parte del gobierno nacional en términos de recursos. La experiencia para nosotros no ha sido bueno en cuanto a los cumplimientos de determinadas obligaciones que surgían de los convenios. En relación a un tercer convenio, lo único que hay es una manifestación de voluntad del Congreso de la Nación. Lo que creemos es que cualquier convenio se tiene que perfeccionar a través de una manifestación de voluntad de ambos poderes Ejecutivos, no Legislativos. Lo que aprobó el Congreso no es ni más ni menos que una expresión de voluntad en aras de que el Poder Ejecutivo Nacional avance con el de la Ciudad en la firma de un convenio. Algunos creen que lo que resta es una norma similar de parte de la Legislatura local, pero sin embargo toda transferencia de competencias se perfecciona a través de acuerdos ejecutivos y no legislativos. No es la Legislatura la que está en falta, lo que hace falta es un entendimiento entre ambos poderes ejecutivos.
¿El principal escollo es la transferencia de recursos?
Sí, el principal inconveniente hoy tiene que ver con los recursos, pero es cierto que toda transferencia entraña algún nivel de complejidad más allá de los recursos. Por ejemplo, la propia voluntad de los magistrados. Dependiendo del fuero, no todos los magistrados tienen la predisposición de pasar a depender de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo se ve desde la Legislatura el funcionamiento del Consejo de la Magistratura porteño?
Nuestra experiencia ha sido muy buena en los últimos años, porque voy recién desandando el principio de mi tercer año como diputado. Desde que asumí integro la comisión de Justicia. En la relación y el intercambio en temas como justicia vecinal o juicio por jurados donde ha sido el consejo que ha promovido ámbitos de discusión y debate en post de consensuar una ley que el día de mañana sea tratada por esta legislatura. En ambos casos se ha trabajado muy bien. Otro ejemplo es la unidad que se dedica a todo el traspaso de competencias, dirigida por Julio Di Giovanni. Es un poco quien ha liderado y ha sido punta de lanza en el reclamo de transferencia de competencias en la ciudad. Es otra tarea del consejo que me gusta reivindicar.
Hay un pliego de juez que llegó recientemente a la Legislatura, el de Diego Martín Farrel, que es discutido porque mientras este era director de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad, ocurrió el derrumbe de la discoteca Beara y ahora fue llamado a indagatoria por la Justicia. ¿Qué opina de esta situación?
Nosotros no vemos ni un valor ni un disvalor en el hecho de que haya sido funcionario de la Ciudad. Lo que nosotros no podemos dejar de admitir en todos los casos, cuando nosotros recibimos un pliego después de un concurso hecho por el Consejo de la Magistratura, esas personas tienen una determinada trayectoria y muchas veces el haber pasado por la administración pública hasta lo puede dejar en mejores condiciones y mejor puntaje para acceder a algún concurso particular. Porque haya sido funcionario público nosotros no vamos a ser nada que no hagamos si no lo fuera. En principio, yo no integro la Junta de ética que es quien recibe el pliego y convoca a la audiencia pública, tanto en el caso de él [Martin Farrel] como en el caso del fiscal Pagano Mata, nuestra intención es que cumpliendo los plazos se ponga en debate en la junta de Ética, y si tiene los votos necesarios después de despachar pase al recinto.
¿Y en cuanto al pedido de llamado a indagatoria?
Ahí nosotros lo que queremos diferenciar es que sí al momento de la convocatoria de la audiencia pública pesa sobre él un pedido de llamado a indagatoria o la fecha es posterior y la jueza ya se expidió en términos de dictar un auto de procesamiento o no. A lo mejor hoy es prematuro para definir una postura sobre eso. Habrá que ver más cerca de la audiencia pública cuál es su situación judicial.
¿Hay fecha para la audiencia?
No, todavía no.
¿En caso de ser procesado, usted qué pensaría de un candidato procesado?
Lo que no puedo dejar de reconocer que posiblemente encontremos mayor dificultad para tener los votos necesarios, para despachar en la comisión o sobre todo para aprobar el pliego en el recinto teniendo en cuenta que nosotros no contamos con mayoría propia. Si es de la idea del oficialismo el votar ese pliego, lo cierto es que sí o sí vamos a necesitar de algunos votos de la oposición. Más allá de cuál sea mi opinión personal, reconozco que va a haber más dificultad para aprobarlo si eventualmente estamos ante un procesamiento.
Le pido una opinión sobre la Justicia Nacional y Federal
Se me ocurren varias posibles respuestas. Entendiendo a la justicia como ante todo como un servicio que hay que prestar al ciudadano, sigo siendo de la idea de que todavía hay mucho que mejorar en procedimiento e infraestructura, y no creo que el gobierno nacional sea del todo consciente de que hay que entender a la justicia como un servicio para el ciudadano y no como un resguardo para la clase política. El mejor ejemplo es la famosa Ley Conti cuando los depósitos judiciales pasaron de la órbita del Banco Ciudad al Banco Nación. Más allá de las especulaciones políticas lo que hay que entender es que esto claramente repercutía y repercute aún hoy en la tarea cotidiana de miles abogados. En el tiempo que le demandan determinados trámites a muchísimos abogados que litigan en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Y, públicamente reconocido por distintas instituciones y personalidades del ámbito del derecho, el servicio hoy es mucho más deficiente de lo que era antes. Donde la sucursal Tribunales del Banco Ciudad prestaba un servicio que para nosotros era motivo de orgullo y que los abogados porteños veían con muy buenos ojos. Se ha retrocedido mucho. Después podríamos entrar en nuestro análisis de cómo a nuestro juicio el oficialismo a nivel nacional entiende a la justicia. Me parece que en muchos casos la mirada tiene que ver con un análisis muy binario acerca de con qué jueces puedo generar una relación y a qué jueces eventualmente puedo disciplinar. La estrategia tiene que ver con hacerle llegar algún mensaje o de alguna manera bajarles una línea o intentar de que sean consciente de lo que le puede deparar en términos de su continuidad en sus funciones. En un extremo los casos como Oyarbide y el disciplinamiento de jueces y en el otro extremo la situación del fiscal Campagnoli que lo que demuestra es un mensaje para cualquier otro que desee realizar una tarea semejante. Son los dos modelos que plantea el gobierno en su relación con el Poder Judicial. Tenemos mucho que aprender de eso pero en eso hemos dado una muestra de convivencia institucional mucho más madura que la que viene dando el gobierno nacional.