Pasaron muchos siglos desde que se planteó la idea de secularización, y de las diferencias existentes entre las entidades y organismos de orden civil y las relativas al religioso. Sin embargo en muchos espacios públicos siguen existiendo imágenes que refieren a religiones como, fundamentalmente, la católica. Pero, ¿qué pasaría si en un encuentro de carácter administrativo de, para poner por caso, la Municipalidad de Lanús, todo comenzara con una oración? ¿Afectaría esto la noción de laicidad del Estado?
Para los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos no. De hecho, en el voto del juez Anthony Kennedy, que expresó el fallo por mayoría de ese órgano de Justicia, los integrantes del gobierno del pueblo de Grecia, en Nueva York, no violaron la Constitución al iniciar una de sus reuniones con una oración brindada por diferentes capellanes pertenecientes a congregaciones desprendidas de la iglesia cristiana.
El magistrado señaló en sus fundamentos que una oración ceremonial es un reconocimiento de parte de los estadounidenses en relación a que su existencia se debe a preceptos que están "más allá de la autoridad del Gobierno". El miembro de la Corte quitó dramatismo a la cuestión al afirmar que esta breve ceremonia es un "breve reconocimiento a sus creencias en un poder superior, siempre con el debido respeto a los que adhieren a otras creencias".
La denuncia fue presentada por Linda Stephens, atea, y Susan Galloway, judía, quienes se sintieron cohesionadas por el resto de los integrantes de las reuniones administrativas del Gobierno para participar en las oraciones que siempre fueron predominantemente cristianas. Las personas que ofrecían este servicio eran elegidas por otros funcionarios. Un tribunal federal había fallado a favor de las mujeres, pero cuando llegaron a la máxima instancia recibieron este rechazo.
El juez Kennedy también rechazó la idea de que las oraciones no debían pertenecer a una religión o congregación en particular: "Para sostener que las oraciones y estos actos no deben ser sectarios habría que forzar a las legislaciones que impulsan estas iniciativas, y a los tribunales que deben decidir sobre estas cuestiones, a actuar como supervisores y censores del discurso religioso".
El magistrado remarcó que "en ausencia de un patrón de oraciones que denigren, hagan proselitismo o marquen un propósito gubernamental inadmisible, un reto basado únicamente en el pronunciamiento de una oración no puede establecer una violación constitucional".
La decisión de la Corte Suprema estadounidense se basó en un precedente de 1983, en donde se determinaba que las sesiones legislativas podían iniciarse con una oración. El cambio que plantearon con respecto a esa situación los jueces que estaban a favor del argumento de las denunciantes era que en las reuniones administrativas, además de la participación de legisladores, hay funcionarios, empleados públicos y ciudadanos en general.
La jueza Elena Kagan se manifestó en disidencia y aseguró que las reuniones administrativas del pueblo en cuestión rompían con los preceptos de la Primera Enmienda de la Constitución, en donde se señala que todos los ciudadanos, sin importar su religión, poseen una misma parte e interés en las cuestiones gubernamentales.
dju
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