En mayo pasado, a la parte que se discutía a nivel nacional, la Cámara Alta correntina dio media sanción al proyecto que prevé la reforma del Código Procesal Penal de esa provincia. La iniciativa había sido discutida hace ya tiempo, el año pasado, con espacios de debate que se remontan, inclusive, a varios años atrás. Estos últimos días, y para impulsar su sanción definitiva, miembros de la administración de Justicia y del mundo académico se pronunciaron a favor de la medida.
Pero también hubo pedidos de diferentes sectores: por ejemplo, la Federación Empresaria de Corrientes (Fecorr) manifestó a los diputados correntinos que den al proyecto un “rápido tratamiento y aprobación”. Agregaron, al mismo tiempo, que el pasaje de un sistema inquisitorio a otro de corte acusatorio es un “avance cualitativo en nuestro sistema de prestación de Justicia”.
Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), participó junto a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial de una reunión donde puso de manifiesto algunas cuestiones básicas, al ser uno de los colaboradores de la iniciativa.
El abogado aseguró que “el sistema que poseemos implica que cada provincia posee el propio control sobre su justicia penal, lo cual es positivo. De todos modos, hay una unificación que se da en los hechos y se produce por las normas constitucionales, por las garantías que la Corte Suprema hace valer. No hace falta crear un código único, la tradición es que las provincias han tenido mejor justicia que en el ámbito federal y sigo creyendo en ello”.
En tanto, diferentes miembros de la Cámara Baja pusieron paños fríos al asunto al asegurar que el debate no será acelerado, y que se tendrán en cuenta todas las críticas. Adán Gaya (UCR) remarcó que cuando el asunto tome estado parlamentario se estudiarán todas las variables: “Hay que tener en cuenta las voces a favor y las voces en contra”.
En 2011 la medida había llegado a la media sanción de parte de la Cámara Baja, pero cuando su debate fue postergado perdió estado parlamentario. Entonces, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de Corrientes, Jorge Simonetti, brindó una serie de justificaciones de por qué había puntos que debían ser rediscutidos.
En una de estas líneas argumentales, el integrante de la Cámara Alta consignó que “está claro en la iniciativa que quien comande las investigaciones será el fiscal, pero cómo se va a convivir con dos decisiones administrativas es lo que generó la necesidad de abrir un nuevo análisis”.
dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.