El debate sobre el nuevo Código Procesal Penal se postergó hasta 2012. A pesar de los avances que se habían realizado en la materia, y de la media sanción de Diputados, no se logró llegar a un acuerdo sobre la Policía Judicial.
“Hay distintas visiones sobre los actos iniciales de la investigación; el objetivo es lograr una policía eficiente”, consignó a medios locales el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de Corrientes, Jorge Simonetti.
De esa forma se echaron por tierra las esperanzas de la gente que trabajó a lo largo de muchos meses para poder concretar un nuevo modelo de Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, ya que esa declaración graficó la situación perfectamente: los legisladores de la Cámara Alta postergaron el debate sobre la reforma hasta 2012.
La iniciativa ya contaba con media sanción de diputados, en cuyo debate, Jorge Buompadre, vicerrector de la Facultad de Derecho de la UNNE e integrante de la Comisión Redactor de la Reforma, precisó que “se trata de una Código moderno que redundará en beneficio de las generaciones futuras”.
La diputada Nora Nazar aseveró que resulta “absolutamente imprescindible que la modificación vaya acompañada de un profundo cambio en las actitudes judiciales, para que las diferencias políticas no terminen resolviéndose en el ámbito de la justicia ni usándose como trinchera de batalla sino que se resuelvan en el mismo ámbito que se generan”.
Pero todas estas visiones que mostraban una amplia aceptación de parte de distintos sectores y bloques políticos parecieron no tener su correlato con la situación que se planteó en la Cámara Alta correntina.
El debate que más disrupciones generó fue el que giró en torno a la implementación de la Policía Judicial. Es que según el proyecto, la idea es que este órgano que, de hecho, ya existe en la provincia, sea un comando de parte del Poder Judicial y de las fuerzas uniformadas.
“Está claro en la iniciativa que quien comande las investigaciones será el fiscal, pero cómo se va a convivir con dos decisiones administrativas es lo que generó la necesidad de abrir un nuevo análisis”, consignó a modo de opinión Sanguinetti, quien remarcó la discusión que generó este punto entre sus pares.
“Uno de los puntos fundamentales es determinar hasta donde llega, qué es y cómo funciona la Policía Judicial”, sentenció el senador.
Pero también hizo énfasis en la necesidad de poner en funcionamiento un Ministerio de Justicia. “Ese ministerio podría allanar estas cuestiones como la de la Policía; es necesaria la interacción de los poderes”, resaltó Simonetti.