Una jueza de Instrucción determinó que la Procuración Penitenciaria de la Nación puede inspeccionar establecimientos de niños, niñas y adolescentes como garantía de sus derechos.
Wilma López, titular del Juzgado de Instrucción N° 38, hizo lugar a una acción de habeas corpus colectivo presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en favor de todas las personas menores de edad alojadas en establecimientos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
Se trata de un habeas corpus que fuera presentado por el organismo a cargo de Francisco Mugnolo luego de que el SENNAF impidiera el ingreso del organismo en los establecimientos que dependen de él mediante una resolución de 2009.
Ahora, el fallo de Lopéz ordenó facilitar el acceso irrestricto de la PPN a cualquier establecimiento donde se encuentren alojadas personas menores de edad privados a su libertad. Durante varios años la SENNAF había disputado la competencia de la Procuración Penitenciaria para realizar estas inspecciones.
“Con esta resolución, se salda la cuestión a favor de la mejor custodia y protección los niños y se da efectivo cumplimiento a las leyes 25.875 y 26.827 en beneficio de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad”, explican desde la procuración penitenciaria.
“Es fundamental que la política de control y monitoreo de los centros de detención tendiente a evitar actos de tortura se ajuste a los requerimientos del llamado bloque de constitucionalidad conformado por los tratados internacionales que especialmente se refieren a esta materia”, argumentó la jueza en la sentencia.
Por lo que, para la magistrada, su cumplimiento “constituye una cuestión de permanente preocupación al encontrarse en cuestión la responsabilidad del estado nacional, de allí la procedencia” del habeas corpus para López.
“Los establecimientos destinados a personas menores de edad son verdaderos lugares de detención y como tales, deben ser inspeccionados por un organismo especializado e independiente como la PPN, a fin de evitar, investigar y documentar los hechos de tortura y malos tratos que pudieran ocurrir”, explicaron desde el organismo.
Coincidieron con la PPN tanto las posiciones de los representantes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, así como las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en el expediente, Fundación Sur, Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
“El esquema planteado por la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, apunta a abrir los centros de detención a la mirada externa en protección de los derechos de las personas alojadas y dejar atrás años de oscurantismo vinculado con conceptos tutelares que se han superado hace varios años”, dijeron desde la PPN.