La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal respondió a una recomendación de la Procuración Penitenciaria de la Nación y ordenó el estricto cumplimiento del programa de prevención del cáncer uterino en las cárceles federales para mujeres.
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a través del memorando N°28/14, instruyó a todas las unidades penitenciarias que alojan a mujeres a garantizar el acceso a la realización de PAPs.
Ello en cumplimiento de los plazos estipulados en el Plan Estratégico de Salud Integral del Servicio Penitenciario Federal (SPF) 2012-2015, informaron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Además, la dirección del SPF ordenó hacer constar en la historia clínica de cada paciente, sin excepción, el consentimiento informado o acta de negativa; una constancia de entrega de resultados y del consejo médico brindado en casos de negativa y/o resultados patológicos o anormales.
La disposición surgió como respuesta a lo requerido por este organismo en la recomendación N°795 y la nota N° 48, mediante la cuales se ponía de manifiesto la imperiosa necesidad de implementar de modo cabal el “Protocolo de prevención, diagnóstico, asistencia y tratamiento en materia de cáncer cérvico uterino”.
El organismo, cuyo titular es Francisco Mugnolo, realizó las notas y recomendaciones sobre el caso “ante las falencias detectadas en sucesivos actividades de control” que se realizan desde la Procuración Penitenciaria en las cárceles.
“La PPN había denunciado varias fallas en la atención de salud femenina y la ausencia de medidas significativas para la prevención de las afectaciones referidas”, explicaron desde la procuración penitenciaria.
Al tiempo que destacaron que ello es en “concordancia con lo establecido en las leyes 26.529 y 26.742 que garantizan el derecho de los pacientes a una adecuada prestación del servicio de salud”.
La Procuración “había solicitado la instrumentación de un mecanismo eficiente de registro, control, información y asistencia de las pacientes, en especial, de aquellas que no aceptasen la realización de exámenes”.
También “había pedido la efectiva oferta de estudios ginecológicos periódicos preventivos y/o evaluaciones diagnósticas, incluyendo, en su caso, una notificación fehaciente a la defensa y a otros servicios y autoridades ante una negativa a recibir atención”.