Tal como se preveía, la Cámara resolvió hoy revocar la resolución de Speroni, haciendo hincapié en las diferencias de criterio en torno a los alcances de los decretos “secretos” por los cuales se autorizó la venta de las armas, y la responsabilidad que le cupo a los funcionarios de la Aduana al no verificar la mercadería que salía desde el puerto de Buenos Aires y Ezeiza, con el pretexto que aquellos decretos impedían su control.
En otro de los puntos , el tribunal ratificó que de acuerdo a los elementos colectados en el expediente “la única intervención objetiva en los hechos investigados que fue atribuida a Cavallo por la resolución apelada es haber firmado en calidad de ministro de Economía de la Nación los decretos”, a diferencia de otros funcionarios del Poder Ejecutivo que tuvieron distinta responsabilidad en las operaciones investigadas.
En su pronunciamiento, los camaristas Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli, le advirtieron a Speroni que, desoyendo el criterio de la Cámara, insistió en sostener que los decretos 1697/91, 2283/ 91 y 103/95 habían impedido el control por parte del personal aduanero de la mercadería, y recalcaron que la naturaleza secreta de esas normas “no constituyó un impedimento para que otras personas distintas de las firmantes tomasen conocimiento del material que se autorizaba a exportar mediante los mismos”.
Es más, la Cámara entiende que “de haberse llevado a cabo estas verificaciones y constataciones los presuntos delitos investigados seguramente no se habrían ejecutado, pues las discordancias verificadas por la pesquisa habrían quedado expuestas”.
En ese sentido, estimaron que Speroni (a quien señalaron que podría haber expuesto su postura a título personal para dejar constancia de su criterio diferente al de la Cámara) “parece confundir el atribuido carácter de secreto de los decretos con la supuesta prohibición de verificar por parte del servicio aduanero”.
También apuntaron a cuestionar la intervención de la fiscal Alicia Sustaita, quien el 20 de diciembre, tras la renuncia de Cavallo al cargo de ministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, requirió su procesamiento. En ese sentido, el tribunal entendió que la ley de fueros la facultaba a efectuar el mismo reclamo sin que se hiciera necesario aguardar la renuncia.
En la parte resolutiva, la Cámara le exigió a Speroni que a fin de aventar la “inseguridad jurídica y el innecesario desgaste jurisdiccional” en el futuro “se abstenga de apartarse injustificadamente de los que se establezca mediante las decisiones de este tribunal de alzada en la causa".
Estos son los puntos fundamentales del fallo:
- No se acreditó la participación de Cavallo en el contrabando:
"Por todo lo establecido hasta aquí, por el momento no se habría acreditado
la participación culpable de Domingo Felipe CAVALLO en los hechos, "prima facie"
ilícitos, investigados en los autos principales".
"En lo referente al elemento subjetivo del tipo penal con relación al cual se
atribuyó una participación a Domingo Felipe CAVALLO en los hechos investigados,
el tribunal de la instancia anterior resultó particularmente ambiguo e impreciso."
- No se probó que Cavallo supiera que al firmar los decretos permitía el contrabando de armas:
"Que, en resumen, de las pruebas reunidas hasta el momento en la causa no surge que Domingo Felipe CAVALLO, al momento de firmar los decretos Nos. 1.697/91, 2.283/01 y 103/95, hubiese conocido la discordancia entre lo que se asentaba mediante aquellas autorizaciones y lo que realmente se pretendía llevar a cabo."
- La Cámara le reprochó con dureza a Speroni haberse apartado de decisiones
anteriores del tribunal sobre los presuntos ilícitos en torno a la falta de
verificación aduanera del material que se exportaba:
"Los elementos supuestamente novedosos que fueron merituados por el señor
juez "a quo", y sobre cuya existencia se pretende, también, justificar el intempestivo
cambio de criterio con respecto a CAVALLO (en comparación con el establecido
a fs. 7.521/7.522 del legajo principal), son la declaración testimonial prestada
por el ex administrador de la aduana de Ezeiza, Miguel Ángel MARINO, y la declaración,
en los términos del art. 73 del C.P.P.N., brindada por el ex subadministrador
de la Aduana de Buenos Aires, Julio KOWALSKY."
"Que, mediante aquellas declaraciones no se agregó algún elemento de juicio
que tuviese alguna entidad para generar una convicción diferente de la que surgía
de la ponderación de las demás pruebas que se encontraban incorporadas al proceso
con anterioridad."
"Que, como consecuencia de lo expresado, resulta necesario destacar que el
señor juez de la instancia anterior, pese a lo expresamente establecido por
este Tribunal superior en las repetidas oportunidades que fueron mencionadas
anteriormente, insistió en desconocer lo expresado por esta Sala "B" y, además,
ha sido reiterativo en sostener lo contrario, esto es, que por los decretos
del Poder Ejecutivo Nacional se impidió al servicio aduanero la verificación
de la mercadería (confr. fs. 8.941 y vta., 8.942 vta. y 8.952 vta.); y como
resultado del desconocimiento mencionado, concluyó resolviendo sólo sobre la
base de su apreciación, cuando debería haberse limitado a formular una salvedad
sobre su mera opinión personal con relación a esta cuestión, si así lo hubiese
considerado necesario para evitar alguna situación de violencia moral."
"Que aquel categórico apartamiento de lo establecido reiteradamente por este
Tribunal en esta causa se produjo, además, sin que se hubiese expresado algún
motivo o valorado algún elemento (no considerado con anterioridad) por el cual
pudiera considerarse justificado el proceder descripto."
- La responsabilidad del ministro de Economía en la firma de los decretos
de exportación de armamentos no fue mayor a la de los otros ministros:
Que, asimismo, debe destacarse que la intervención del Ministro de Economía
de la Nación en la firma de los decretos Nos. 1.697/91, 2.283/91 y 103/95 del
Poder Ejecutivo Nacional, no tenía una importancia, o una trascendencia, equiparables
a la que tenía la intervención de otros firmantes de aquellos decretos.
- Los camaristas rechazaron las imputaciones de un supuesto "revanchismo"
del juez Speroni contra Cavallo, que fueron esgrimidas por la defensa del ex
ministro:
"Con respecto a las gravísimas imputaciones al señor juez instructor efectuadas
por la defensa de CAVALLO mediante el memorial de fs. 134/172 de estas actuaciones,
en cuanto a que aquel magistrado ha mentido por la resolución apelada, y a que
ha procedido a privar de la libertad a CAVALLO únicamente por motivos de revancha
y de resentimiento personales, en atención a que esta Sala no advierte, en este
momento, la existencia de pruebas o de circunstancias que acrediten la verdad
de aquellas imputaciones".