Al juez Bonadío le tiraron un muerto

Con un extenso Orden del Día, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura trató, entre otras cosas, varias citaciones por el artículo 20, entre las que se destacan las que efectivamente fueron aprobadas: la del juez federal Claudio Bonadío, los camaristas de la Seguridad Social Bernabé Chirinos, Martin Laclau y Emilio Fernández, y de las integrantes de la Cámara Civil, Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat.

 

En el caso del expediente “Echarren, Luis Alberto s/ Actuación del Dr. Claudio Bonadío (Juez Federal)”, la acusación contra el magistrado surgió por la demora que ocasionó en una acción llevada a cabo por varias personas contagiadas con VIH. Durante el tiempo que tardó en llamar a indagatoria a los imputados, muchos de los accionantes fallecieron a causa de su delicado estado de salud.

 

El problema surgió a raíz de la administración de parte de los médicos acusados de concentrados coagulantes contaminados a los infectados. Todo sucedió en la década de 1980, en los años en los que el virus era estudiado por primera vez y donde se dieron muchos casos similares.

 

El dictamen presentado por Julián Álvarez contó con, por supuesto, su voto, y el de sus pares Manuel Urriza, Eduardo De Pedro, Carlos Moreno, y Ada Iturrez, presidenta de la Comisión. En tanto, Mario Cimadevilla se abstuvo y Alejandro Fargosi, Ricardo Recondo y Mario Fera votaron en contra. Aun no hay una fecha para el encuentro.

 

Por su parte, en el expediente “Cimadevilla, Mario J. (Consejero) s/ actuación Dres. Chirinos – Fernández – Laclau”, en un caso que llevó el mismo consejero denunciante, se aprobó la citación por el 20 para los integrantes de la Cámara de la Seguridad Social debido a que, según consta en la denuncia, llevaban a cabo nombramientos a discreción sin respetar el orden de mérito. Exceptuando los votos de Mario Fera y Ricardo Recondo, el resto de sus colegas apoyaron la iniciativa.

 

Pero acaso la citación que causó mayor sorpresa fue la de las integrantes de la Cámara Civil, Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat, quienes junto al ex magistrado Diego Sánchez formaron parte de uno de los episodios que más se discutieron en la Comisión: los desacuerdos existentes entre estas partes generaron demoras en el dictado de sentencias de la Sala D, y el caso se dio en medio de fuertes cruces de opiniones.

 

Como un asunto que parecía zanjado a partir de la renuncia de Sánchez, el tema resurgió y la citación por el artículo 20 del Consejo se dio como una propuesta de Julián Álvarez, y contó con el apoyo de sus pares Manuel Urriza, Carlos Moreno, Eduardo De Pedro y Ada Iturrez, mientras que Mario Fera y Mario Cimadevilla votaron en contra (tenían su propio proyecto) y Ricardo Recondo se excusó de la votación.

 

“Las diferencias profesionales son las que resultan de los (des) acuerdos y de los votos. Hay ejemplos de autocontradicciones en las que incurren permanentemente; disidencias casi diarias en materia de intereses y honorarios, con sus antecedentes y cambios”, expresó en 2011 a Diario Judicial Sánchez, como corolario a una situación que, según sus protagonistas, era insostenible.

 

La renuncia de Sánchez había provocado que el tratamiento del expediente fuera postergado a pedido del mismo Julián Álvarez, al menos, hasta que se resuelva su renuncia. Una vez consumado ese hecho, el integrante del Consejo decidió insistir sobre el tema y ahora serán las juezas Barbieri y Brilla De Serrat las que enfrenten al órgano de administración de Justicia.