La Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires fijó una “fecha límite”, el 22 de agosto próximo, para que un grupo de familias humildes deje un predio en el que viven debajo de la Autopista Perito Moreno, en Villa Luro.
Aurelio Ammirato, titular del juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, realizó una audiencia con familias y representantes del gobierno de la ciudad para acordar el desalojo de un predio ubicado debajo de la autopista en el barrio de Villa Luro.
Se trata de la causa “Garay Navarrete Luis Alberto y otros contra GCBA y otros sobre amparo (art. 14 CCABA)”, donde según consta en el acta de la audiencia se llegó a un acuerdo para que el 22 de agosto fue definida como fecha límite para que todas las personas instaladas en un bajo autopista a la altura de Rivadavia al 9300 se retiren del predio.
El día de la reunión el GCBA propuso “asistir económicamente en 18 mil pesos por grupo familiar en un único pago por medio del Ministerio de Desarrollo Social a las familias que se hayan censado oportunamente”.
Por su parte, el Ministerio Público Tutelar manifestó “habría en el lugar algunos moradores que no habían sido incluidos en los relevamientos practicados previamente por cuanto, circunstancialmente, no se encontraban presentes cuando fueron efectuados”.
Unas veinte familias viven en el predio y en la causa, y tal y como consigna el acta de la audiencia, “los actores aceptan la propuesta del GCBA que supone una vez obtenido el cheque el retiro del lugar en forma voluntaria y pacífica”.
Como las familias pedían una fecha mayor y el gobierno sólo daba 15 días se acordó que sea el próximo 22 de agosto la fecha límite para el desalojo del predio. Ello “sin perjuicio de que algún grupo familiar pueda retirarse antes en cuanto se encuentre en condiciones de hacerlo”.
“Las partes informan que continuarán las conversaciones extrajudiciales con sus mayores esfuerzos a efectos de determinar el número preciso de grupos familiares a los que corresponda otorgarles la asistencia”, dice el acta.
El próximo 22 de agosto el gobierno porteño podrá “tomar posesión de la finca” concluye el acta judicial.