La Procuración Penitenciaria de la Nación, junto con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron el informe con los datos del registro que desde hace tres años se llevan adelante.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron el informe con los datos del registro que desde hace tres años se llevan adelante.
Se trata del informe 2013, difundido esta semana, donde se presenta los resultados y aspectos contextuales más relevantes obtenidos en la tarea del Registro de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, para los ámbitos Federal-Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.
Uno de los principales datos relevados en el informe de la PPN y el Comíte consigan que en 2013 se registraron un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos en cárceles, según el relevamiento.
El trabajo de campo del Registro se realizó en 8 unidades penales y 1 alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 1 instituto de menores de la Provincia de Buenos Aires, y en 8 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal.
A ello se incorporaron casos de 23 centros de detención penitenciaria y no penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires y 10 federales.
Desglosando un poco los datos brindados el relevamiento “con instrumentos propios del registro” aportó los relatos de 227 víctimas en el ámbito bonaerense y de 174 en el ámbito federal y nacional, a las cuales se incorporaron 43 casos a partir de información de las planillas de intervención del Comité contra la Tortura de la CPM.
Además “se incorporó la información de 707 víctimas aportadas por el Procedimiento de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y Malos Tratos (PIyDECTyMT)”, informaron.
El Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), fue creado en el año 2010 por acuerdo inter-institucional entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.