La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentando por el Director Ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, en una causa donde se lo investiga por incumplimiento de un reajuste de un jubilado de 95 años que desde 2008 espera cobrar la resolución judicial.
La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Alejandro Slokar y Pedro David, rechazó por “inadmisible”, el recurso del Director Ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, contra la resolución que ordenó proseguir una causa por supuesto incumplimiento de un fallo.
Se trata de la causa “Bossio, Diego y otro s/ recurso de casación” donde la defensa del actual titular de la ANSeS presentó el recurso. También está involucrado en la causa el gerente de Reclamos Prestacionales de la ANSeS, Juan Pantorotto.
La causa inicia luego de que un jubilado de 95 años obtuviera en la justicia de la Seguridad Social una sentencia favorable que ordenaba a la ANSeS pagar el monto de una liquidación corregida de los haberes mensuales.
Luego de tres intimaciones judiciales para el pago, el jubilado presentó la denuncia penal en 2008 denunciando a Bossio y a Pantorotto por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial.
Un viven judicial con sobreseimientos y revocatoria de los mismos, recaló en la Cámara de Casación Penal luego de que la sala II de la Cámara Federal por mayoría mandó imprimir “celeridad” a la investigación de la desobediencia de los funcionarios al revocar el sobreseimiento de ambos en la causa.
Esa sentencia fue la apelada por la defensa de Bssio que también incluyó un pedido de recusación del camarista federal Horacio Cattani, uno de los jueces que junto con Martín Irurzún, conformó la mayoría de aquella sentencia. Eduardo Farah, el restante integrante de la sala, votó en contra.
La Sala II del máximo tribunal penal del país rechazó la recusación del magistrado y declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de Bossio que pedía se revoque la sentencia que revocó los sobreseimientos dictados.
Los jueces del tribunal penal explicaron que el pronunciamiento cuestionado “no constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Los funcionarios seguirán siendo investigados.