Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó la voluntad de “ofrecer gestiones” para faciltar el diálogo y poder llegar a cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. El martes se realizó una audiencia pública en el organismo internacional.
Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia en la sede que tiene el organismo en la ciudad de Washington en la que se analizó el impacto de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo sobre la vigencia de los derechos humanos en Argentina.
El cargo se encuentra vacante desde 2009, cuando terminó su mandato Eduardo Mondino, quien decidió lanzarse como candidato al Senado por el justicialismo cordobés. Desde entonces el defensor adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de ese órgano independiente hasta la finalización de su mandato, en diciembre de 2013.
En la audiencia de ayer, el relator para Argentina, Paulo Vannuchi, manifestó su voluntad de ofrecer sus gestiones para facilitar un diálogo entre los actores involucrados con el objetivo de que esto permita arribar a una solución satisfactoria del conflicto que culmine en una pronta designación del Defensor del Pueblo.
Para ello Vannuchi visitará Argentina a finales de noviembre próximo. Durante la audiencia las partes expusieron su visión acerca de la problemática, los representantes del Estado Nacional y las organizaciones que habían pedido la audiencia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano.
Las ong sostuvieron durante la audiencia la preocupación por la no designación del Defensor del Pueblo manifestando su “profunda preocupación por la fragilidad institucional que atraviesa la Defensoría del Pueblo, los condicionamientos para un accionar independiente y proactivo que la actual situación conlleva, así como las consecuencias concretas que ello implica en relación a la pérdida gradual de protagonismo de la entidad respecto de las discusiones públicas más relevantes para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”.
También dieron cuenta de una “estrepitosa caída de la actividad de la Defensoría del Pueblo desde el año 2009” y para ello mostraron datos como por ejemplo “la caída de las intervenciones públicas de la defensoría en temas relevantes en nuestro país”. Allí detallaron por ejemplo las apariciones mediáticas de la defensoría que en 2009 fue nombrada 123 veces en los medios y en 2014 solo 21 veces “sólo por la falta de designación”.
El Estado Nacional consideró la “extrañeza” de la audiencia porque la designación es “resorte del poder Legislativo donde ninguna de las fuerzas políticas allí representadas cuenta con las mayorías necesarias como para imponer por sí sola un candidato y no se ha podido arribar a un acuerdo”.
Según la normativa vigente la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas, es quien debe proponer un candidato que deberá conseguir los dos tercios de los representantes de cada Cámara para ser designado.