Además de Bello y Alderete, también se pidió que se investigue la responsabilidad de los ex funcionarios Héctor Burotto, Victor Cantero, Angela Riggón, Antonio Riccillo, Guillermo Wood y Alfredo Duran.
En la primera de las presentaciones se pidió a la Justicia que investigue a la ex Secretaria de la Función Pública, Claudia Bello por el pago de un sobreprecio de dos millones de pesos, de un total de siete millones destinados a la contratación del denominado proyecto "Argentina Efecto 2000".
Según se informó, la contratación investigada está referida a la confección y distribución de cajas con diversa folletería, un video y un afiche, además de sobres con propaganda relativa al "efecto 2000".
La denuncia contra Bello es en su carácter de ex presidenta del Directorio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo descentralizado de la Secretaría de la Función Publica, a cargo del manejo de los fondos de esa campaña.
Según señala la denuncia "la empresa Lautrec Publicidad SA, fue la que obtuvo la adjudicación por un monto total de 6.997.406 pesos" por una cantidad de 200 mil cajas y 800 mil sobres.
El cálculo efectuado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lo lleva a un valor de 4.965.000, pero para la confección de 300 mil cajas y un millón de sobres.
La denuncia por los presuntos delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta" recayó ante la jueza federal María Servini de Cubría, y ante el fiscal del fuero Carlos Stornelli, a quien se conoce por sus investigaciones por la venta ilegal de armas.
En una segunda presentación realizada este mediodía , la Oficina Anticorrupción pidió que se investigue a los organizadores de las Primeras Jornadas de Capacitación para Consejeros del PAMI, realizadas en la ciudad de Mar del Plata en diciembre de 1994.
Esta denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Jorge Ballesteros, quien deberá investigar si se pagaron sobreprecios de alrededor de 40 mil pesos en la organización de esos seminarios.
En esta presentación aparecen involucrados Antonio Ricillo, Guillermo Wood y Alfredo Duran, funcionarios del PAMI que, según la auditoria interna, serían los responsables de sobreprecios por mas de 40 mil pesos.
Asimismo, en la presentación se destacó que Alderete tomó conocimiento de esa cuestión en 1997 cuando una auditoria interna de la Obra Social de los Jubilados lo alertó sobre esa irregularidad.
Las carpetas con los informes de Auditoria fueron encontradas hace dos meses cuando el juez Gabriel Cavallo allanó unos depósitos ubicados en Morón a donde Alderete había llevado documentación perteneciente al PAMI. y personal, contenidas en un centenar de cajas.
Por ese motivo se abrió la tercer demanda reclamando al juez Cavallo que investigue a Alderete por el presunto delito de "encubrimiento".