En conferencia de prensa, Gil Lavedra, se refirió a la gestión del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, al sostener que “fue política del gobierno anterior, la creación de nuevos establecimientos carcelarios, aunque no se encuentran habilitados en su totalidad. El caso del establecimiento penitenciario de Ezeiza que se encuentra habilitado en un 40 por ciento”.
El funcionario explicó que no se contó con el presupuesto necesario, ya que “la construcción en estas cárceles no es estuvo acompañada de previsiones necesarias en la creación de nuevos cargos en el Servicio Penitenciario, el mantenimiento y el presupuesto necesario para encararlo”.
“Están las cárceles terminadas, pero no estaba previsto de qué modo se podía hacer este traslado progresivo de los internos de unos establecimientos a otros, y las condiciones que eran necesarias para esto. Frente a ello nos encontramos con las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz en proceso de culminación, situación delicada en algunos establecimientos de la ciudad de Buenos Aires, (por Caseros y Devoto), y cumplir con el programa de la Constitución”.
En ese sentido subrayó que la Constitución Argentina “tiene reglas muy claras acerca de cual es la política penitenciaria, porque establece un principio general de humanidad en ejecución de las penas, y establece cuales son los criterios rectores que en esta materia debe seguir el Estado”.
“La humanidad en la ejecución de las penas no sólo tiene que ver con los derechos de quienes se encuentren alojados en ella, deben tener y recibir un tratamiento adecuado, digno, condiciones favorables, sino que también tiene que ver con las posibilidades, de que la ejecución de la pena privativa de la libertad, tenga una finalidad preventiva. Es lo que se denomina habitualmente la prevención especial, que es la posibilidad que a través de la ejecución de la pena, el interno pueda reinsertarse en la sociedad”.
“Las condiciones en que se encuentra la cárcel de Caseros, una cárcel construida para ser originalmente un establecimiento de corta duración, y con problemas estructurales desde su nacimiento, son muy malas. Por eso teniendo los nuevos centros penitenciarios en condiciones, no dudamos en comenzar al cierre definitivo de Caseros. Hemos optado por el programa de la Constitución, por que las condiciones adecuadas de alojamiento puedan cumplir los propósitos, los cuales están previstos no sólo en la Constitución sino en los instrumentos internacionales, que ahora tienen jerarquía constitucional. El derecho positivo argentino, recogía muchas de estas reglas que ahora son constitucionales. La necesidad de no mezclar procesados con condenados, la necesidad que tengan acceso a la justicia, que las condiciones sean humanas y no haya tratos inhumanos o degradantes”.
“Estamos iniciando el proceso de desmantelamiento de Caseros. Nuestro objetivo es integrar el sistema penitenciario dentro de un plan general de política criminal, el cual no puede quedar aislado. Tenemos un tránsito complicado que nos va a requerir una gran cantidad de esfuerzo. La próxima etapa es desmantelar Devoto”.