El año parlamentario bonaerense arrancó con varias sesiones en las cuales ya se aprobaron algunos proyectos de importancia, como el de Rubén Eslaiman (FR) que prevé la aceleración de plazos en procesos donde estén involucrados los derechos del consumidor, a la vez actualiza las multas y crea el “pago voluntario”.
Pero también hubo encuentros que repercutirán en los debates de cara a este año, como el que protagonizó un grupo de senadores con la procuradora provincial, María del Carmen Falbo, donde se discutieron posibles modificaciones a la Ley de Policía Judicial.
Falbo destacó que la idea es lograr que la normativa se torne más “operativa”, y que pueda ser implementada de una vez por todas. “Queremos implementar la policía judicial, es un compromiso que hemos tomado, los cargos de los primeros que van a dirigir la policía judicial están, tenemos que ponerla en práctica”, consignó la funcionaria.
La procuradora también destacó que se busca una implementación desde el plano de la realidad de hecho, ya que lo “ideal” se contrapone con los elementos de los que se dispone para poner en funcionamiento el Cuerpo de Investigadores Judiciales.
La senadora Cristina Fioramonti (FpV) brindó otras precisiones sobre el encuentro: “Lo que nos viene a plantear el jurado (de la Policía Judicial) en pleno, es una cuestión administrativa, es la falta de aspirantes a los cargos, con personas formadas y capacitadas, que por lo general ya están ocupando cargos de importancia”.
“En diciembre del año pasado recibimos a todo el jurado de Policía Judicial, allí nos plantearon a todos los jefes de bloque la necesidad de una modificación, ya que eran muy pocos los inscriptos para los cargos y ellos esperaban una masa más importante”, consignó la legisladora, y afirmó que “a partir de ahí, cuando retomamos las actividades luego de las vacaciones, los senadores de nuestro bloque plantearon sus dudas”.
“Nos propusieron una modificación, que no es el cargo vitalicio de los jueces, de los fiscales, de los defensores, que es mientras dure su buena conducta, sino que puedan ser removidos por un procedimiento abreviado, un procedimiento sumarísimo. No tiene que ver con mala conducta, puede tener que ver con una evaluación de una gestión que no es la que se esperaba”, afirmó Fioramonti.
En relación al proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja, se establecen nuevos plazos y facultades para los magistrados a la hora de conciliar un proceso relativo a los derechos del consumidor. Con esta propuesta se busca modificar la ley 13.133, donde se consigna el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
Entre otras cosas, la propuesta precisa que “en cualquier etapa del proceso judicial el Juez podrá fijar una audiencia entre las partes con fines conciliatorios. Cuando las acciones judiciales hayan sido promovidas en razón de derechos de incidencia colectiva de los consumidores o usuarios, los acuerdos conciliatorios beneficiarán a todos los consumidores y usuarios afectados o amenazados por el mismo hecho que motivó el litigio, quienes podrán por vía incidental en el mismo proceso, acreditar la legitimación, su perjuicio, ejecutar la sentencia homologatoria, y en su caso liquidar los daños”.
“A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado a través del medio de comunicación que el Juez considere más conducente. Si quien participó del proceso no suscribiere el acuerdo por no considerarlo beneficioso, podrá continuar; o iniciar por vía incidental, en su caso, el reclamo del que se considere titular, sin perjuicio de la validez de aquel celebrado con relación a quienes lo concluyeron o que por vía incidental pretendan su admisión”, indica el proyecto.
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