El TSJ cordobés instauró su propia oficina para "coordinar y afianzar la comunicación e interacción de todos los operadores tanto judiciales como extra poder". Funciona bajo la órbita del Máximo Tribunal y su objetivo es optimizar el servicio de administración de Justicia.
Este lunes salió publicado en el Boletín Oficial de Córdoba Acuerdo Reglamentario N° 1275 - Serie “A” mediante el cual el Tribunal Superior del Justicia de esa provincia creó la “Oficina de coordinación de Violencia Familiar”.
Los vocales Domingo Juan Sesín, Aída Lucía Tarditti, Luis Enrique Rubio, María Marta Cáceres de Bollati, y Sebastián Cruz López Peña, tuvieron presente, al momento de dictar la acordada, las "crecientes demandas de la comunidad en la problemática de la Violencia Familiar que se han tornado cada vez más complejas y diversas". También analizaron "la necesidad de gestar una oficina que procure coordinar y afianzar la comunicación e interacción de todos los operadores tanto judiciales como extra poder, a fin de implementar acciones conjuntas tendientes al correcto abordaje de la materia, sistematizando medidas de apoyo y de colaboración técnica - operativa adecuada para la más eficaz utilización de los procedimientos y recursos".
Esos elementos ayudaron a la creación de la oficina, que comenzó a funcionar el pasado 1° de abril. Según el acuerdo, el nuevo espacio de la dependencia "articulará su actividad en toda la Provincia de Córdoba, en el ámbito judicial: con las Cámaras, Juzgados, Fiscalías, Equipos Técnicos y demás operadores afectados a la temática de Violencia Familiar. Así también con organismos extra poder, como el Ministerio de Desarrollo Social, SENAF y otros vinculados a la temática", y constituirá "una red institucional e interinstitucional de contacto, lo cual requerirá de diseño y desarrollo de mecanismos de colaboración y coordinación entre las diferentes instancias".
Los magistrados destacaron que la oficina, que depende del Máximo Tribunal, fue instaurada "para coordinar y afianzar la comunicación e interacción de todos los operadores tanto judiciales como extra poder". En esa línea, el artículo 2° del acuerdo dispone que la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar tiene como objetivo: "Optimizar el servicio de administración de justicia procurando mejorar y brindar mayor calidad de la respuesta judicial en el marco de los hechos cometidos en el ámbito familiar".
Además, tiene a su cargo tareas como las de "coordinar con los operadores afectados a la materia, medidas de apoyo y de colaboración técnica-operativa adecuadas para la más eficaz utilización de los procedimientos y recursos; Elaborar planillas estadísticas acordes a las particularidades de cada operador, a fin de recabar datos cuantitativos y cualitativos; Recabar doctrina y jurisprudencia para sistematizarla, publicarla y difundirla. Elaborar informes a fin de evaluar la demanda de prestación del servicio y la capacidad de respuesta de los distintos operadores, proponiendo las adecuaciones que se estimen convenientes; Afianzar la comunicación e interacción de todos los operadores tanto judiciales como extra poder, a fin de implementar acciones conjuntas tendientes al correcto abordaje de las materias de interés propuestas; Recepcionar, elaborar y difundir proyectos vinculados a la temática; Elaborar planes de gestión y proponer metas; y organizar las capacitaciones que resulten a consecuencia de una necesidad del Poder Judicial, derivado de una demanda social, o de interés general; a requerimiento de Magistrados o Funcionarios del Poder Judicial, como también a solicitud de otras instituciones".
El acuerdo prevé que la dependencia funcione con una dotación de empleados y sea coordinada por un funcionario que designe el Cuerpo. El Coordinador tendrá a su cargo el control del personal y el cumplimiento de las tareas establecidas en el reglamento. Entre sus tareas también se encuentra la de mantener actualizada "la información necesaria con el fin de orientar e informar"; atender "el vínculo interno de la Oficina con los distintos organismos judiciales y extra poder como así también toda otra actividad institucional que resultase menester" y, por último, responder las consultas que se generen por correo electrónico.
El texto del acuerdo señala que la medida se adopta en el marco del plan de trabajo que viene desarrollando el Poder Judicial cordobés con relación a la Reforma Judicial, "que propende la modernización de la estructura organizacional en distintos ámbitos de este Poder Judicial y cuyos objetivos buscan la implementación de acciones concretas".