Después de varias reuniones con integrantes de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) e integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires, y también con una idea consensuada entre estas partes, el Poder Ejecutivo provincial afirmó que en los próximos días enviará su proyecto de ley sobre paritarias judiciales a la legislatura.
Si bien todo apunta a que no habrá mayores modificaciones, los integrantes del gremio que nuclea a los más de 21.000 empleados judiciales de toda la provincia afirmaron que si no se respeta el consenso logrado en los ya varios años de debate, “va a arder Troya en Tribunales”, en declaraciones a la agencia DIB.
En esencia, este convenio es un reclamo histórico de uno de los sectores más postergados a nivel normativo en este sentido, ya que es uno de los pocos que no cuenta con un convenio colectivo de trabajo en toda la provincia. Para poner algunos ejemplos, los docentes, empleados estatales, médicos y, recientemente, empleados municipales, cuentan con un marco de negociación en este sentido.
Nada menos que ocho años de negociaciones tomó que la AJB aprobara por una amplia mayoría el anteproyecto consensuado con la Corte bonaerense. Pero la revisión y palabra final la tiene el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios de Trabajo y Justicia.
Blasco también señaló que “los magistrados pueden intentar desestabilizar el proyecto. El Colegio nos está disputando la representación de los auxiliares letrados y secretarios de juzgados y cámara”. Estos escalafones representan el sector con más alta categoría que representa el gremio judicial provincial.
Una de las claves de este proyecto reside, paradójicamente, en otro: el de autarquía financiera del Poder Judicial bonaerense. Esto es así porque de aprobarse esta iniciativa, las negociaciones salariales se harían entre el Máximo Tribunal provincial y la AJB, quitando del medio al Ejecutivo. Esta propuesta ya tiene estado parlamentario, aunque no hay datos ciertos sobre su avance.
Una de las experiencias más recientes en este sentido es la de Río Negro, donde la legislatura, a fines del año pasado, sancionó la ley de paritarias judiciales por unanimidad. Hace varios años que a la hora de negociar los salarios, los enfrentamientos entre el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial se prolongan durante algunos meses. Y la llegada de esta ley puede no haber modificado demasiado el escenario.
Recientemente, en un comunicado en el marco de estas negociaciones, desde el SITRAJUR afirmaron que “se pretende atribuir la “inactividad” de la paritaria judicial, a la Secretaría de Trabajo de la provincia y por supuesto al Sitrajur” y “nos vemos en la necesidad de poner en conocimiento de la comunidad que lejos están de demostrar que se avienen a una negociación paritaria como manda la Ley 5009”.
“La culpa del presente oscuro que tenemos, no es de los otros, es del Superior Tribunal, que en esta provincia se ha vuelto de Injusticia. Sitrajur espera y demanda el cumplimiento de la Ley 5009, nuestros representados esperan y demandan respuestas concretas y que avancemos en la redacción de un convenio colectivo de trabajo que nos inscribirá en la historia de nuestra Provincia”, añadieron en este sentido.
dju
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