Paso a paso 3.0

La era 3.0 vino a irrumpir en todos los ámbitos de la vida cotidiana, hasta la de los abogados. La Corte Suprema trató de tomar cartas en el asunto y quiso actualizarse, por ello dictó una serie de acordadas en las que dispone la informatización de los expedientes, la obligación de constituir domicilio electrónico y la digitalización de los documentos. Pero muchos letrados todavía se resisten a una vida que no implique cédulas, oficiales notificadores y traslados de demanda en formato papel.

Es por esa razón que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por medio de su presidente, Roberto López, realizó una presentación ante el Máximo Tribunal de Justicia, dirigida a su titular, Ricardo Lorenzetti, para solicitar la suspensión de las etapas dispuestas por la Acordada 3/2015 “que aún no han comenzado”.

Las obligaciones que impone la Acordada

En esa acordada, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt aprobaron pautas ordenatorias “para garantizar el adecuado actualizado uso de los nuevos sistemas informáticos que se encuentran implementados, así como el correcto tratamiento de las particulares características que involucran las partes otros intervinientes en el proceso”.

La Acordada indica que el proceso “fijará la progresiva estandarización de carátulas, cédulas, formularios, mandamientos, edictos, oficios, ingreso de causas web, elevaciones certificados de elevación, entre otros”.

Además, exige que en el despacho de las causas se incorpore información la descripción de la actuación, “por medio de un enunciado breve que permita formar una idea de su contenido jurídico técnico”, las fojas, fecha de firma y jueces firmantes, fecha hora de la designación de audiencia, “así como toda otra que resulte adecuada para alcanzar la autosuficiencia de la información puesta disposición de quienes consulten el sistema".

Estas pautas ya se vienen incorporando en las actuaciones, pero la razón principal que llevó al Colegio de Abogados a pedir la suspensión de la aplicación, es que la Acordada 3/2015 pone al primer día hábil de mayo como el momento en el que se profundizará la informatización. Estableciendo nuevas obligaciones a los letrados.

Entre esas mandas, se encuentran la denuncia Identificación Electrónica Judicial (IEJ), el ingreso de copias digitales, que se encuentra vigente conforme lo dispuesto por otra acordada, la 11/2014, a partir de mayo se aplicará a “todos los actos procesales de los expedientes en trámite y las copias subidas por los letrados tendrán carácter de declaración jurada en cuanto su autenticidad”. Esto quiere decir que las documental que presenta un abogado, en una demanda por ejemplo, tiene que estar en soporte digital. Hay otra obligación al respecto: el ingreso de copias digitales será obligatorio dentro de las 24hs. de presentación del escrito en soporte papel.

“El ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece. Para el caso en que las partes soliciten notificarse personalmente, las copias estarán disponibles en la consulta web de causas en el sistema de notificación electrónica”, detalla la resolución de la Corte.

Por otra parte, a partir de mayo también el sistema de notificaciones electrónicas “se extenderá todas las causas en trámite en el Poder Judicial de la Nación, de modo que ese sistema de notificación será, partir de esa fecha, obligatorio exclusivo”, y en todas las “Cámaras, Tribunales Juzgados del Poder Judicial de la Nación, el Libro de Asistencia en papel se remplazará por un registro digital dentro del Sistema de Gestión Judicial la oficina judicial deberá asentarlo en el expediente en soporte papel”.

Qué dice el Colegio de Abogados

La “casa de todos los abogados” no se encuentra en desacuerdo con que la Administración de Justicia arribe a la nueva era digital, sino que señala las dificultades que entraña un cambio tan radical en el ejercicio de la profesión como el que establece la Acordada.

“Nuestra petición se fundamenta en el cambio cultural que necesariamente se impone en la vida de todos los abogados, no sólo con respecto al Sistema de Notificaciones Electrónicas”, detalla la presentación de Roberto López, quien además apuntó que los letrados son “conscientes que todo cambio es resistido en principio y se profundiza con el desconocimiento que genera la incertidumbre sobre las cuestiones procesales que conlleva así como el desconocimiento, para la mayoría de los abogados afectados, de las herramientas informáticas necesarias que deben emplearse en este nuevo sistema”.

Cuestiones que se ven en la práctica cotidiana del ejercicio de la profesión de abogado litigante. Por ejemplo, el inicio de una usucapión, que conlleva la presentación de cientos – e incluso miles- de documentos que acrediten la posesión pacífica de un inmueble durante veinte años. Conforme la Acordada, toda la documentación debe ser escaneada y acompañada en soporte digital dentro de las 24 hs en las que se presentó. “Es imposible”, contestó el presidente del CPACF, Roberto López a Diario Judicial, ante el planteo de esta hipótesis.

El texto dirigido a Lorenzetti recuerda que “desde la vigencia del sistema de notificaciones electrónicas hemos venido trabajando mancomunadamente informando y capacitando a los abogados. Hasta el momento, han participado de las charlas informativas en esta Institución cerca de 7500 abogados y siendo al culminar el mes de abril de acuerdo a las inscripciones recibidas al programa, otros casi 3000”.

Sobre este punto, López le manifestó a Diario Judicial que lo que busca la institución “es tiempo para capacitar y sobre todos a los abogados que no manejan informática”. El representante de los matriculados dijo que el pedido de suspensión es para el abogado “que trabaja de forma artesanal”. Es que la gran mayoría de esos letrados “no manejan asiduamente las herramientas informáticas”.

“Tenemos un gran número de matriculados de edad avanzada que no pueden cumplir con estas obligaciones de un momento al otro. Además, hay abogados que no cuentan con scanners para digitalizar los documentos, el pedido de suspensión es más para esos abogados que para los grandes estudios que pueden invertir grandes sumas en nuevos sistemas y en capacitacitar a sus empleados”, expresó López.

Sobre el punto, en la nota presentada se admite que “por más esfuerzos, no hemos podido dictar cursos más extensivos debido a las limitaciones edilicias y temporales por lo que, debido a la proximidad de la entrada en vigencia de la misma, consideramos necesaria suspender las próximas etapas y prorrogar su entrada en vigor. También es importante poner en su conocimiento que muchos letrados carecen hoy del equipamiento técnico necesario para poder sumarse a este avance tecnológico, por lo que nos encontramos analizando los medios para asistirlos en la actualización de las herramientas necesarias (computadoras, scanners, etc.)”.

Pero según López, este no es sólo un problema de los abogado “los juzgados no tienen elementos necesarios, recibimos quejas de muchos tribunales al respecto”, refirió, y también aclaró que se habló con la UEJN, la que le “manifestaron las mismas preocupaciones”, como también representantes de oficinas de notificaciones, que expusieron que se “encuentran colapsados”.

El presidente del Colegio Público también hizo hincapié en que el proceso de informatización se da en el marco de numerosos cambios, como el del nuevo Código Civil y Comercial, el Código Procesal Penal y el Digesto Jurídico “los abogados tendrán que trabajar las 24 hs”, reflexionó.

“No hay negativa, sino que pedimos que el cambio sea en forma gradual”, le dijo López a Diario Judicial, además, comentó que el pedido fue recibido por el presidente de la corte, y que éste se comprometió a tratar el tema en el próximo acuerdo del Máximo Tribunal, previsto para el próximo 28 de abril. “Estamos esperando una acordada que suspenda los términos la obligatoriedad independientemente de esos caso que las partes se pongan de acuerdo y otorguen una prórroga hasta el 1° de febrero”, se esperanzó.

Igualmente, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también evalúa dar otras soluciones a sus matriculados, Roberto López le comunicó a Diario Judicial que la institución estaba poniendo esfuerzos “en dar capacitación y tratando de instalar en el CPACF 10 puestos de trabajo donde el abogado pueda venir en forma gratuita para ser asesorado por personal idóneo, como ocurrió en un principio cuando los bancos implementaron el sistema de cajeros automáticos”.