Un plenario de comisiones dio dictamen a los cinco proyectos que acompañarán la reforma del Código Procesal Penal: cambios en los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa y modificaciones en la Justicia Federal y Nacional Penal.
Este martes, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, se dio dictamen a los cinco proyectos del Ejecutivo, presentados por el senador Rodolfo Urtubey (FpV), con los que la reforma del Código Procesal Penal será acompañada. Se trata de cambios en los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, y de novedades en la Justicia Federal y Nacional Penal.
La última de las iniciativas también prevé algunos cambios en el Código Penal para que los cuerpos normativos funcionen con armonía a partir de la reforma integral de la ley procesal del fuero.
Este martes se firmaron tres dictámenes en torno a estas iniciativas, ya que no hubo un acuerdo unánime sobre los cambios que debían introducirse. El primero, de mayoría, pertenece, por supuesto, al Frente para la Victoria; y los dos restantes, por minoría, a la UCR y al peronismo disidente.
Las críticas apuntaron, fundamentalmente, al manejo discrecional que según los legisladores de la oposición quiere hacer el oficialismo para que ingresen fiscales afines al Ministerio Público y, de esta forma, evitar inconvenientes ante el presunto término de su mandato. Si bien esto se mantiene en una sugerencia, todos decidieron avanzar en el tratamiento de estas iniciativas que serán discutidas el próximo miércoles ante el pleno del Senado.
Además, entre otros anuncios de importancia, Urtubey señaló que la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, que en la iniciativa estaba prevista para el próximo primero de septiembre en Capital Federal, se pasará al próximo primero de marzo de 2016, también en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, y como parte de una inquietud de los sindicatos, habrá nuevos artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos”, para aquellos que formaban parte del Poder Judicial, si decidieran formar parte de los ministerios.
También, y en este mismo orden de reclamos sindicales, se estableció que los trabajadores judiciales que quieran pasar al Ministerio Público tendrán el derecho a ser efectivizados después de cinco años de función, tal como sucedería si mantuvieran sus funciones en el Poder Judicial.
Otra noticia que resultó beneficiosa para la magistratura con estos proyectos fue la compensación funcional: “Los cargos de los jueces federales y nacionales de primera instancia que, de acuerdo al régimen progresivo previsto en esta ley, pasen a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán equiparados salarialmente al rango de Jueces de Cámara”.