En la noche del jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, rompió con el discurso oficial -que asignaba prácticamente toda la responsabilidad de los hechos a lo manifestantes- y anunció públicamente que había ordenado el pase a "disponibilidad" del jefe del operativo policial, el comisario Alfredo Luis Franchiotti, y de cerca de un centenar de efectivos que intervinieron en la represión.
La fiscalía 11 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan José González inició una "investigación preparatoria" caratulada "Doble homicidio infracción Art. 194 del Código Penal Atentado y Resistencia a la Autoridad, Daños y Lesiones".En en ese marco y con la intervención de la juez Marisa Salvo, Franchiotti fue notificado hoy de su detención, al igual que los oficiales principales Carlos Jesús Quevedo y Jorge Acosta, mientras que el policía Hernán Osvaldo Gorian recuperó su libertad bajo caución juratoria, según pudo saber Diariojudicial.com.
Fuentes cercanas a la investigación, confiaron a este medio que se analizaba la posibilidad de girar la causa a la justicia federal, pero que ello no impediría la prosecución de las medidas a fin de esclarecer los hechos.
El informe preliminar de las autopsias de los dos manifestantes asesinados, elaborados por los médicos Forenses de la Fiscalía de Cámara de ese distrito del Sur del Gran Buenos Aires, indican que el fallecimiento de Maximiliano Kosteki fue producido por "mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio respiratorio traumático, siendo la causa originaria un shock hipovolémico secundario a una hemorragia interna y externa por desgarro de pedículo pulmonar derecho".
En tanto, Darío Santillán, el joven que en la secuencia de fotografías publicadas en tres matutinos aparece auxiliando a Kosteki y que minutos después aparece con heridas y arrastrado por los policías murió por "mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático, siendo la causa originaria una hemorragia interna y externa aguda masiva, secundaria a herida por proyectiles múltiples de arma de fuego tipo escopeta o similar", según lo consigna la información oficial brindada por la fiscalía.
Durante toda la jornada de hoy, el fiscal González mantuvo reuniones con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo de la Cruz, y con el fiscal general del distrito Eduardo Alonso.
Fotos que queman
El fiscal González concurrió en la noche del jueves a la redacción del diario "Clarín" a fin de obtener copias digitalizadas de las fotografías que fueron extraídas en las estación de ferrocarril de Avellaneda, cuya publicación reveló que Franchiotti le había mentido a Solá, tal como lo reconoció el propio mandatario.
A ello se sumaron hoy los registros de Sergio Kowalewski, un reportero gráfico "free lance", publicadas en el matutino "Pagina 12", las que fueron entregadas a la Justicia por los abogados patrocinantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, en el que militaba Santillán. El fotógrafo también anticipó que declarará como testigo en la causa ya que presenció los hechos ocurridos en la estación de Avellaneda.
También se requerirán en las próximas horas los registros del diario La Nación y del noticiero de Azul Televisión.
La fiscalía, por su parte, solicitó a todos los medios de comunicación que por su intermedio se convoque "a todas las personas que hayan resultado testigos presenciales de los hechos investigados, tengan a bien comparecer a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción, a fin de prestar declaración testimonial bajo reserva de identidad, como asimismo realizar denuncias en idénticos términos, recordando que se encuentran vigentes las normas sobre régimen de Protección de Testigos y Reserva de Identidad, establecidas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires".
Investigación federal
En tanto ya está funcionando la comisión especial formada por orden del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, para investigar los hechos del miércoles negro en Avellaneda.
La comisión, encabezada por el fiscal de la Cámara del Crimen Norberto Quantín e integrada por los fiscales Guillermo Montenegro y Luciano González del Valle, realizó su primera reunión esta tarde. Antes, se pusieron a disposición de la UFI de Lomas de Zamora que lleva adelante las investigaciones.
Fuentes ligadas a la comisión especial adelantaron que la intención inicial es “colaborar” con la instrucción provincial, y detallaron que la labor incluirá “no sólo lo ocurrido en Avellaneda”, sino también el relevamiento de “todo lo ocurrido en torno al caso”, para relevar si existen delitos “de índole federal”.
“Vamos a ver si hay delitos federales en todo lo que pasó”, enfatizaron las fuentes, que coincidieron en que, probablemente, la investigación “termine en manos de un juez federal” de la provincia de Buenos Aires.
“El corte de rutas es un tema federal, y los hechos trágicos en Avellaneda comenzaron por eso”, explicaron, al tiempo que remarcaron que “no convendría dividirlo para evitar la duplicación de esfuerzos”.