En tanto, Amnistía Internacional envió una nota de apoyo a la Defensa Pública Oficial en la cual afirma que esta organización “se opone terminantemente a la extradición de personas hacia países donde la garantía del debido proceso y de la integridad física en situaciones de detención no estén totalmente aseguradas”.
Amnistía remitió a la defensora tres informes propios, con estudios sobre la actual situación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las prisiones rusas, así como también un documento titulado “Conclusiones y recomendaciones del comité contra la tortura: Federación Rusa”, proveniente de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
La Defensora Pública Oficial ante los tribunales federales, Silvia Otero Rella, quien asistió a Nikolaevich en primera instancia, presentó el año pasado un recurso de apelación oponiéndose a la extradición que había hecho lugar Canicoba Corral.
En la apelación, Otero Rella manifestó la posibilidad de que el ciudadano ruso sea ejecutado en su país, ya que en la Federación Rusa rige la pena de muerte, castigo que la ley argentina y diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos prohíben.
Nikolaevich, de 31 años y oriundo de Leningrado, es acusado de diversos delitos por la Fiscalía de San Petesburgo. Ante el pedido de dicha fiscalía fue detenido por INTERPOL Argentina. Mientras se inicia el proceso judicial permanece alojado en el Penal de Devoto.