La semana pasada, la Corte de los Estados Unidos sostuvo que son los jurados y no los jueces quienes tienen potestad de imponer la pena de muerte.
Este fallo sienta un precedente que obliga a reconsiderar las ejecuciones programadas en por lo menos cinco estados norteamericanos, dado que la Corte entendió que la pena de muerte impuesta por un juez viola el derecho de un acusado de ser enjuiciado por un jurado.
El fallo de la Corte Suprema se basó en la cláusula de la Constitución que expone el derecho a ser juzgado por un jurado compuesto por sus pares. Sin embargo, en algunos estados, los jurados se limitan a declarar si el acusado es culpable o inocente y el juez es el que fija la pena, en base a las circunstancias del caso.
En ese sentido, el juez Horowitz entendió que las recomendaciones del jurado en los casos de pena capital cumplen los requisitos del fallo emitido la semana pasada por la Corte Suprema.
Los abogados de William Codey, un bibliotecario condenado en abril por homicidio premeditado por matar a su novia, Gloria Gómez, con un martillo, habían sostenido que el jurado debería recomendar por unanimidad la pena de muerte para cumplir con la jurisprudencia de la Corte Suprema. El jurado que halló culpable a Codey recomendó la pena de muerte por 9 a 3 el 6 de junio pasado.