Galtieri nunca fue condenado por violaciones a los derechos humanos, a pesar que en el primer tramo del Proceso encabezó el poderoso Segundo Cuerpo del Ejército, en cuya jurisdicción se produjeron cientos de desapariciones de opositores políticos, durante la represión.
Galtieri había permanecido en su domicilio particular en las horas posteriores a que se librara la orden de detención, contra él y otros 41 militares entre quienes se cuentan el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason, quien hoy fue indagado sin que trascendieran detalles de sus dichos.
Junto a Galtieri, el juez emitió ayer por la mañana las otras órdenes de detención, y al caer la tarde de hoy todavía se mantenía bajo siete llaves quiénes ya habían sido detenidos y quiénes no, en medio de distintas especulaciones políticas acerca de los motivos que llevaron al magistrado a tensar la cuerda con la fuerza que encabeza el general Ernesto Brinzoni.
Bonadío es uno de los magistrados que decretó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con las que se beneficiaron miles de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas que participaron de la represión durante la dictadura.
Según trascendió, Galtieri se presentó sobre el mediodía en instalaciones del Regimiento Granaderos a Caballo, en Palermo, donde quedó detenido. A Galtieri lo siguió otro buscado por Bonadío, el general de brigada retirado Jorge Olivera Rovere.
Fuentes judiciales confiaron que la causa que puso por primera vez al ex dictador Galtieri entre rejas por un caso de derechos humanos, tiene casi veinte años - es de 1983- y acumuló 11 cuerpos, algo así como 2.200 fojas, de las cuales “más de la mitad se incorporaron en los últimos meses”.
Diariojudicial.com supo en fuentes confiables que uno de los impulsos fundamentales que recibió la causa fue una serie de reuniones que el juez mantuvo con integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Además, Bonadío viajó a España hace algo más de un año para incorporar información al expediente, circunstancia de la que los fiscales se enteraron recién en los últimos días.
Si bien la lista completa no se filtró a la prensa –en el juzgado no quieren que esto ocurra hasta que todos estén detenidos- se sabe que entre los buscados están (además de Galtieri y Olivera Rovere) el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia, Alberto Tepedino y otro responsable de esa repartición, Julio César Bellene.
También aparecen en el listado de Bonadío el ex jefe de la Policía Federal, Raimundo Ojeda y el ex jefe de la Zona 4, el general Cristino Nicolaides, quien cumple arresto domiciliario en Córdoba.
Trascendió además que la lista está integrada por el general retirado Juan Ramón Mabragaña, ex jefe del Regimiento de Infantería N° 5 de Paso de los Libres; y el segundo a cargo de esa repartición, un militar de apellido Simón. También figuran Enrique José del Pino, del Grupo de Tareas N° 2 de Campo de Mayo, un militar de apellido Gualco, Santiago Hoya y José Luis Arias Duval, del Batallón 601 de Inteligencia.
También figuran en el listado de Bonadío un ex integrante del Servicio Penitenciario Federal, Juan Carlos Avena, quien hasta 1988 se desempeñó como Director de la Cárcel de Esquel. Entre los pedidos de captura figura también Oscar Raymundo Izzi, un cabo de la Policía Federal.
Hasta tanto la Dirección Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Federal complete las detenciones, el juez optó por ganar tiempo indagando a ex militares y represores que están detenidos a disposición de otros jueces. Así, este mediodía fue conducido a los tribunales federales el ex Jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason.
Suárez Mason está detenido con prisión domiciliaria (tiene más de 70 años) en la causa donde se investiga el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. El otro implicado en esta causa que está detenido es Julio Simón, alias “Turco Julián”, un ex policía que participó en el secuestro de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczyk, junto a la hija de ambos, Claudia, a quien se le sustituyó la identidad.
Simón también fue trasladado a las oficinas del Juzgado Federal 11. En una declaración indagatoria que se extendió casi dos horas, Simón aseguró que “nunca” torturó “a nadie”, aunque admitió que estuvo en el centro clandestino de detención conocido como “El Olimpo”, en la Capital Federal.
Representado por un letrado particular, el “Turco Julián” nego haber participado de las operaciones contra las llamadas Tropas Especiales de Infantería (TEI), que integraban los montoneros asesinados. Por el contrario, se limitó a comentar “un tiroteo” entre militantes y tropas del ejército en el barrio de Floresta, aunque aseguró que el “no participó”.
De Suárez Mason, sólo se supo al cierre de esta edición que había pedido ser representado por una defensora oficial. La responsabilidad recayó Silvia Otero Rella, quien –sorpresivamente- se negó a asumir la defensa del ex militar.