La Justicia de Formosa asumió la competencia para intervenir en los delitos de “narcomenudeo”
Los juzgados de la Ciudad de Formosa, Clorinda y Las Lomitas asumieron formalmente la competencia para intervenir en delitos de venta de drogas al menudeo, mientras se establezcan los tribunales especializados correspondientes a cada circunscripción. Recientemente, la Legislatura formoseña aprobó el proyecto de ley por el cual la provincia asumió la competencia para la investigación y juzgamientos de dichos delitos y, en consecuencia, se creó el Fuero contra el Narcocrimen. De esta manera, el fuero estará integrado por tres juzgados de Instrucción y Correccional contra el narcocrimen, tres fiscalías y tres defensorías oficiales en las ciudades de Formosa, Clorinda y Las Lomitas.
Condenaron a Ricardo Jaime por dádivas
Lo resolvió el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Julián Ercolini, al encontrar penalmente responsable al ex Secretario de Transporte del delito de dádivas por haber realizado "numerosos viajes a Córdoba y a Río de Janeiro" en una aeronave perteneciente a Sergio Claudio Cirigliano. El magistrado señaló que " existe la prohibición expresa para los funcionarios públicos a que reciban dádivas que hayan sido otorgadas en consideración o por motivo del desempeño de su cargo. Esto quiere decir que la dádiva se le ha otorgado debido a la posición pública que desempeñaba, de modo que si no hubiese desempeñado dicho cargo no se hubiera hecho el regalo", y condenó al funcionario a la pena de un año y dos meses de prisión, que se unificó con la de seis meses de prisión aplicada por el Tribunal Oral Federal de Córdoba, quedando en definitiva, la pena única de un año y medio. Además de ello, Ercolini dispuso el decomiso de dos millones de pesos.
Empezó el juicio a un ex comisario cordobés que detenía gente para mejorar estadísticas de seguridad
La Cámara Sexta del Crimen de la ciudad de Córdoba, en la provincia homónima, dio inicio este martes al juicio contra el ex comisario Pablo Márquez, acusado por detener gente de forma ilegal para mejorar las estadísticas de seguridad en su jurisdicción. Será juzgado por un jurado popular y está acusado de los delitos de abuso de autoridad y coacción. Fue denunciado por dos colegas suyos: la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo.