Bergés se declaró incompetente y giró el expediente a la instancia federal cuando dictaminó que era necesario que fueran indagados varios hombres del Ejecutivo por los presuntos delitos de “administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y perjuicio a la administración pública.”
En el desarrollo de la causa, Bergés indagó a varios banqueros a quienes decretó la falta de mérito en el delito de administración fraudulenta, pero también estimó que los mismos fueran indagados por los presuntos delitos de lavado de dinero, subversión económica y evasión fiscal.
Para el magistrado, en la investigación que llevó adelante quedó claro que existió un supuesto “acuerdo” entre los funcionarios y banqueros y, en ese sentido opinó que la responsabilidad en la implementación en el corralito es compartida por “los directivos de las entidades bancarias y el Estado Nacional”.
La declinatoria de competencia de Bergés fue adoptada a principios de abril último, pero la causa no fue remitida de inmediato al fuero federal porque esa decisión fue apelada ante la Cámara del Crímen que finalmente avaló el criterio adoptado por el juez de apartarse del expediente.
Respecto del rol de los bancos, Bergés aseveró que no existe constancia de que los mismos hubieran "impugnado la decisión o manifestado disconformidad de algún modo" con la implementación del corralito y remarcó que "el respeto por los clientes, preconizado hasta el hartazgo por los bancos, fue bruscamente dejado de lado".