Recordemos que el juez de instrucción Mariano Bergés consideró, en el fallo
en donde se declaró incompetente, que es necesario que la pesquisa la continúe
el fuero federal, a fin de determinar si existió un acuerdo entre los bancos
y el Gobierno nacional para la implementación del decreto 1570/01.
El magistrado adujo que los banqueros se habían deslindado de la culpabilidad
trasladándola al Estado. "No sólo al prestar declaración indagatoria, sino
también en algunos puntuales casos al presentar informes en expedientes labrados
por el Banco Central de la República Argentina (casos de los Bancos Sudameris,
Scotiabank Quilmes, Galicia, y Río de la Plata SA.), los imputados hicieron
especial hincapié en el rol que cumplió el Estado Nacional a través de sus representantes
en distintos organismos (Banco Central de la República Argentina y Ministerio
de Economía de la Nación), y que tuvo como consecuencia la crisis del sistema.
Según expusieron algunos imputados, las citadas autoridades habrían exigido
de los bancos de modo diverso y cada vez con mayor frecuencia auxilio de capitales
hacia el Gobierno Central, situación que habría provocado luego, frente al deterioro
conocido por la población de la situación económica, el drenaje de depósitos
del sistema, llevando esto consecuentemente a la implementación del corralito."
"El descargo general en este sentido de los banqueros pretende - como se
percibe sin esfuerzo- soslayar la propia responsabilidad, atribuyéndola a otros
sujetos, o entidades pertenecientes al Estado Nacional. La pesquisa y sustanciación
sumarial habrá de continuar en la Justicia Federal, entonces, ante la presencia
de puntuales y bien individualizables imputados, a saber: Ministros de Economía,
otras autoridades de esa cartera, y autoridades del Banco Central de la República
Argentina, de los últimos años." (la negrita es nuestra)
El magistrado entendió que se deberá ampliar la investigación, recibiendo la
declaración indagatoria del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, el ex presidente
del Banco Central Roque Maccarone y convocar al entonces presidente de la Nación,
Fernando De la Rúa para que todos brinden las explicaciones pertinentes.
Según el descargo que realizaron, los banqueros aseguraron que tenían el dinero para devolverle a los ahorristas pero que la Corte Suprema no se los permitía. Sin embargo, el juez entendió que los banqueros jamás notificaron dicha afirmación al Estado. "...la hipótesis probable de acuerdo a las constancias causídicas es que los bancos no podían cumplir con el cronograma de devolución de depósitos al 30 de noviembre del 2001, independientemente de que la actividad que llevó a esa objetiva situación pueda no encuadrar "ex ante" en una figura penal. Precisamente, la actividad investigativa realizada tiende a establecerlo. Percíbese en este sentido, que organizaciones que agrupan a los distintos bancos del país han puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la imposibilidad de cumplir con las devoluciones, parificando ello a un alienante marco en el cual se expone ante la misma Justicia Argentina (Corte Suprema Federal y Juzgado), dos versiones absolutamente diferentes sobre el mismo tema." (la negrita es nuestra)