Los legisladores de la oposición ratificaron su posición en contra de tratar los dos nombres propuestos para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Ejecutivo. Qué dijeron y qué piensan hacer de cara a este asunto.
Desde la partida de la jueza Carmen Argibay, por diferentes cuestiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comenzó a desintegrarse hasta contar con su actual cantidad de miembros, que son cuatro pero que pronto serán tres, porque Carlos Fayt dejará su cargo en diciembre próximo.
Esto deja al Máximo Tribunal nacional en una situación poco común, ya que además de no contar con su integración plena, tampoco parece estar perfilada para tenerla en el corto plazo. Sucede que los integrantes de las bancadas legislativas de la oposición se niegan a tratar, de forma sistemática, los pliegos para que se complete la integración de la CSJN.
Esto se debe a que desde el espacio opositor especulan con un posible cambio de gobierno, por lo que, aseguran, no quieren que el Frente para la Victoria, que hoy ocupa el Poder Ejecutivo en la actualidad, “coloque” a dos nuevos jueces. Y para poder designar nuevos integrantes en la Corte se necesita el acuerdo de las fuerzas de forma indefectible.
El Ejecutivo realizó dos nuevas propuestas: los pliegos presentados pertenecen a Eugenio Sarrabayrouse, que pertenece a las Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital; y Domingo Juan Sesin, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba.
Esta negativa de parte de la oposición plantea un escenario complejo, ya que aunque llegue un cambio de gobierno, ni los integrantes del Frente para la Victoria y sus aliados, ni la oposición, llegarán a los dos tercios de los votos necesarios para avanzar con las designaciones. Por este motivo, cualquiera podría intuir que el FpV también puede poner palos en la rueda de perder el control del Poder Ejecutivo.
La lógica de una situación así viene del hecho de que no hubo acuerdo en ninguna instancia de parte de la oposición para avanzar con este tema, ya que fue la posición que se tomó desde principio de este año y finales del pasado: no avanzar con reintegrar la Corte Suprema, sea quien sea el candidato propuesto.
En un discurso reciente, el titular del Ministerio de Justicia, Julio Alak, pidió a la oposición que no someta este tema a los “avatares” de la elección, defendió la trayectoria de los postulados (que calificó de “brillante”) y consignó que “debe imperar la cordura y no el enfrentamiento por las simples diferencias políticas”.
Por su parte, el senador y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, señaló que “la presidenta no tiene legitimación política para nominar a los miembros de la Corte”, y aseguró que esta es una tarea que le corresponde “al próximo presidente”.
Su correligionario Mario Negri, titular de la bancada en diputados, precisó que el Poder Ejecutivo “llega tarde y a destiempo con la nominación de los nuevos integrantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ratificó la posición que tomarán desde su partido de no acompañar ninguna propuesta hasta el cambio de mando.
El diputado Pablo Tonelli (PRO), por su parte, afirmó que “no es momento para que la Presidenta postule candidatos a integrar la Corte Suprema. Se trata de una responsabilidad que claramente corresponde al próximo presidente, que será elegido en pocos días más. La presidenta debe dedicarse a vaciar los cajones del escritorio y dejar las cosas lo más ordenadas que sea posible”.
El legislador del macrismo añadió, en este sentido, que “ya empezó la transición hacia un nuevo gobierno y no es razonable que la actual presidenta adopte decisiones de tanta trascendencia como proponer dos nuevos integrantes de nuestro máximo tribunal judicial. Se viene un cambio hacia la normalidad institucional y el respeto por la división de Poderes”.