La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para entender en casos de ilícitos constituidos por ataques a sistemas informáticos o cuando un delito incluya su utilización. El nuevo organismo estará a cargo del fiscal general Horacio Azzolín.
A través de la Resolución N°3743/15, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y, de esta forma, dotó al Ministerio Público de una estructura exclusivamente dedicada al tratamiento de este tipo de delincuencia. El fiscal general Horacio Azzolín estará a cargo del nuevo organismo.
La titular del Ministerio Público Fiscal resaltó "la gravedad y complejidad del fenómeno, su relevancia nacional e internacional y su constante crecimiento toman necesario potenciar la actuación en la materia", y la necesidad de "ampliar la intervención y profundización de todos los ejes de trabajo que se vienen desarrollando".
"Las diversas formas y conductas mediante las cuales se ejerce el cibercrimen exigen intensificar las tareas para su abordaje, de un modo articulado y atendiendo a sus especificidades. En este sentido, cobra especial relevancia reparar en el significado que este fenómeno criminal ha adquirido a nivel mundial, como una modalidad emergente de la delincuencia trasnacional organizada, tal como ha sido tratado desde la Organización de las Naciones Unidas", explicó la procuradora.
De esta forma, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia podrá entender en casos de ilícitos constituidos por ataques a sistemas informáticos -por ejemplo, accesos ilegítimos o de daños a sistemas informáticos-, o cuando el medio comisivo principal o accesorio de una conducta delictiva incluya la utilización de sistemas informáticos, con especial atención en el ámbito de la criminalidad organizada, es decir trata de personas, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y terrorismo.
Dentro de sus atribuciones, también estará habilitada a intervenir en "todo proceso en el que sea necesario realizar investigaciones en entornos digitales, aun cuando no hayan sido cometidos contra o mediante un sistema informático". Por ejemplo, la Unidad intervendrá cuando sea necesaria la localización de imputados a través de Internet.
En cuanto al ámbito de competencia, el organismo tendrá a su cargo "la intervención en los casos de su competencia y asistir a los/as magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación que así se lo requieran; recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares y genéricas; actuar como nexo entre la Procuración, los magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal y los diferentes actores e instituciones nacionales e internacionales con incidencia en cuestiones vinculadas a la temática".
También deberá articular con "las procuradurías, unidades fiscales y demás áreas de la Procuración, a los efectos de la implementación de estrategias eficaces para el abordaje de la ciber-delicuencia; interactuar, en particular, con la Dirección General de Investigaciones Fiscales y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, a los fines del adecuado asesoramiento de los/as fiscales sobre los recursos tecnológicos y herramientas de apoyo técnico, laboratorios, métodos de investigación, obtención, análisis y preservación de la prueba; desarrollar estudios acerca de las reformas reglamentarias y legislativas necesarias y, finalmente, elaborar informes y diagnósticos sobre esta clase especial de criminalidad".