La Corte bonaerense suspendió a través de una licencia de 120 días al fiscal general de San Isidro, acusado de encubrir a un cartel colombiano en la Argentina. También fueron suspendidos de sus cargos, a instancias de la Procuración General, la secretaria de Fiscalía de Cámara Melisa Fernanda Rey, y la secretaria de Ministerio Público Mariana Busse.
La instrucción de una causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el avance en el proceso de remoción y el inicio de un sumario en su contra, hicieron que los elementos se conjuguen para que el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, sea separado de su cargo provisoriamente.
El integrante del órgano acusador del Estado está acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes colombianos que opera en Argentina obtuvo una licencia por 120 días. La Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) se pronunció de esta forma en una resolución, en la que también se puso de manifiesto que la secretaria de Fiscalía de Cámara Melisa Fernanda Rey, y la secretaria de Ministerio Público Mariana Busse, fueron suspendidas de sus cargos a instancias de la Procuración General provincial.
La decisión de avanzar con el juicio político se tomó en septiembre pasado, cuando los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires entendieron que las pruebas reunidas en su contra eran sustento suficiente para iniciar el sumario. Sin embargo hubo disidencias hacia el interior del órgano interpoderes: fueron cuatro votos contra tres.
Arroyo Salgado, por su parte, citó a declarar a indagatoria a Novo y a varios de sus colaboradores por el presunto encubrimiento de integrantes del cartel colombiano. La acusación inicial fue llevada a cabo por el fiscal federal Fernando Domínguez.
Entre varios señalamientos, se precisó que el fiscal acusado intentó encubrir y entorpecer la investigación del crimen de dos ciudadanos colombianos, ocurrido en el shopping Unicenter en 2008. Novo estaba encargado de proveer de varios elementos al fiscal Luis Angelini, pero nunca llevó adelante esa tarea.
En su resolución, los miembros de la SCBA señalaron que "la gravedad de los hechos investigados -avalados prima facie con el profuso plexo probatorio producido-, que están siendo analizados desde diversos planos de responsabilidad, aunada a la tramitación de la causa penal por delitos de suma trascendencia institucional aludida, trasuntan la posibilidad de una importante afectación a la recta administración de justicia, máxime al encontrarse comprendidos en dicha situación los funcionarios a cargo de una Fiscalía General".
Los jueces alegaron que "sin perjuicio de la eventual intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la Suprema Corte -como cabeza del Poder Judicial- cuenta con suficientes atribuciones para intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia, y debe por tanto velar por todo lo que hace al correcto desempeño de la magistratura bajo su superintendencia, en resguardo de los derechos de quienes acuden a los estrados judiciales de su jurisdicción en demanda de justicia".
Los magistrados también añadieron que "en forma coincidente con lo manifestado por la Procuradora General a fs. 314, surge la imperiosa necesidad de adoptar en el ámbito de las facultades de superintendencia del Tribunal, acciones de carácter urgente que permitan garantizar la efectividad de la investigación en las distintas esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, como así también evitar la repetición de eventuales irregularidades".