El Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con el proceso de remoción de Julio Novo, fiscal general de San Isidro. Está acusado de encubrir un cartel colombiano que opera en Argentina.
Esta semana se avanzó en la decisión de llevar a juicio político a Julio Novo, el fiscal general de San Isidro que está acusado de encubrir un cartel colombiano que opera en Argentina. Todo comenzó cuando se le imputó la obstaculización de la investigación del crimen de dos ciudadanos de Colombia ocurrido en 2008, en el shopping Unicenter.
El Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar, después de la rendición de pruebas en contra del acusado, en este proceso. La votación para que se defina esta situación fue, sin embargo, reñida: fueron cuatro votos contra tres de los integrantes del órgano de la administración de Justicia.
El siguiente paso es esperar la imputación formal de la Procuración de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) y de la Comisión Bicameral Permanente de Juzgamiento de Magistrados, que podría demorar hasta 90 días.
Este martes también se iba a decidir si se suspendía al fiscal sanisidrense, pero la ausencia del legislador Marcelo Feliú (FpV) impidió que se tome una decisión al respecto. Mauricio D’Alessandro (FR) pidió, de todas maneras, que no se avance en este sentido. Las ausencias de legisladores también provocaron que la decisión de avanzar con el juicio político se demore unas dos semanas.
D’Alessandro, en defensa de fiscal general de San Isidro, afirmó que la denuncia en contra de Novo es una copia exacta de una realizada en 2010 que fue rechazada. Y afirmó que consta, además, el hecho de que “hayan pasado más de tres años desde la presentación sin que se resolviera la cuestión, cuando la ley obliga a tratarla en un máximo de 60 días”.
En este marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado citó a declarar a Novo y a su equipo, ya que todos están acusados por este presunto encubrimiento. Los señalamientos fueron realizados por el fiscal federal Fernando Domínguez quien alegó que la red operaba, entre otros lugares, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
Este caso está vinculado al presunto narcotraficante Henry López de Jesús Londoño, también conocido como “Mi Sangre”: su orden de captura de parte de la Interpol y su posterior detención provocaron que el caso tuviera un revuelo a nivel mediático en nuestro país. Aparentemente, sería el líder de la organización que está intentando instalarse en Argentina para exportar cocaína a Europa y, aquí mismo, lavar ese dinero.
La investigación de otros crímenes relativos a este cartel la llevaba el fiscal Luis Angelini, y se supone que también se buscó entorpecer su trabajo. Desde el Tribunal afirmaron que Novo no proveyó de elementos básicos necesarios para que se pudiera avanzar con este trabajo, como infraestructura, recursos humanos, medios de comunicación, entre otros.