El pedido, cursado al juez Rodolfo Canicoba Corral, se debe a la presunta violación a la ley de residuos peligrosos y contaminación del suelo y las napas, desde las instalaciones de la estación de servicio, que afectaron al edificio torre de Libertador 602, y fueron detectadas en marzo del año pasado.
En esa oportunidad, los vecinos detectaron “olor a nafta” en el agua que consumían y también en la zona del sótano del edificio. Luego, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó “la existencia de riesgo de explosión y de hidrocarburos componente de la nafta en líquidos extraídos del sótano” de la torre.
Según el informe comunal, la presencia de hidrocarburos “saturó los sensores”. En su dictamen, los fiscales Freiler y Delgado citaron un informe del Jefe de Laboratorio Ambiental de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental del GCBA, quien “descartó” que el origen de la contaminación proviniera de otro lugar que no fuera la estación de servicio.
“Tal nivel de contaminación sólo es posible por la existencia de tanques enterrados”, dijo el especialista. En el informe se indicaba además que los hidrocarburos detectados son “residuos peligrosos”.
Ante esta evidencia, los fiscales solicitaron ahora la o las declaraciones indagatorias ya que, entendieron, existe suficiente “estado de sospecha” sobre el presunto “accionar delictivo”, de los responsables de la estación de servicio.