Si bien los ministros no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión en donde tanto ABA como Abappra solicitaban que se declare la inconstitucionalidad de la ley provincial 5303, por la cual los bancos radicados en tierra puntana debían devolver los depósitos, con el dictado de la cautelar suspendieron la aplicación de dicha norma.
En la resolución, que tuvo los votos de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´connor, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Guillermo López, se justificó la decisión ya que se consideró que “ en el caso corresponde considerar configurado el requisito de peligro en la demora, el que debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros; y es innecesario señalar que la situación existente, de público y notorio conocimiento, requiere el dictado de medidas que mantengan la situación de derecho existente con anterioridad a las disposiciones sancionadas y promulgadas por la Provincia de San Luis”.
En ese sentido, dispusieron que “el Estado provincial deberá abstenerse de exigir el cumplimiento de dicha normativa a las entidades bancarias que no se sometan voluntariamente a ella, y asimismo deberá suspender toda acción gubernamental llevada a cabo sobre la base de las normas impugnadas que impliquen alguna restricción en el desarrollo de la actividad bancaria o financiera de los bancos que tengan sucursales en la provincia”.
Por su parte, los ministros Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, que tienen sus ahorros atrapados dentro del corralito, se excusaron de firmar la resolución, comportamiento que han tenido en todas las causas de corralito.
La Ley anti corralito de San Luis se sancionó en los primeros días de mayo y fue la primer provincia que se pronunció en contra de las normas restrictivas del Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que además esa gobernación tiene una disputa con el Estado Nacional por cerca de 240 millones de dólares que tiene atrapados dentro del sistema financiero.
Esta decisión del Máximo Tribunal es la primer resolución que tomaron en materia económica en sintonía con el Ejecutivo de Eduardo Duhalde, que hace meses intenta poner freno a la salida de dinero de los bancos hacia los depositantes.