La Corte Suprema resolvió que el doble crimen en el estacionamiento de Unicenter sea investigado por esa jueza Federal de San Isidro. Entre las razones de la decisión, se encuentran que los asesinatos se dieron “en un contexto de crimen organizado ligado al narcotráfico” y que existe de una denuncia contra el fiscal General de San Isidro por el presunto encubrimiento del caso.
Corría julio de 2008 y la noticia sacudió entonces a los medios: En el estacionamiento de un centro comercial de la zona de Martínez, dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron acribillados a balazos por un sicario cuando estaban por bajar de su auto.
Por la modalidad de comisión, los asesinatos generaron estupor en las autoridades. Había certeza de que se trató de un “ajuste de cuentas” vinculado al narcotráfico. Por esa razón, intervino en un principio la Justicia Federal de San Isidro, que al mantener esa tesitura solicitó a la Justicia Penal Ordinaria del mismo Departamento Judicial que se inhiba de entender en esa investigación.
Tras varios idas y vueltas, la Corte Suprema apoyó esa primera tesitura y decidió que la causa continúe en la Justicia Federal. Luego de apoyar el dictamen de la procuradora Fiscal Irma García Netto, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron que la causa “N.N si incidente de inhibitoria" siga su trámite ante el Juzgado a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado.
El debate sobre la competencia en el caso se inició cuando el fiscal provincial que a cargo de las Investigaciones Penales Preparatorias sobre los homicidios, Luis Angelini, emitió al juzgado federal testimonios de algunas actuaciones de la causa seguida por la muerte violenta de los ciudadanos colombianos, con el objetivo de poner en conocimiento del Tribunal "la posible comisión de delitos de competencia. federal, específicamente relacionados con la ley 23.737" que habrían sido descubiertos en el contexto de las averiguaciones relativas al doble homicidio.
A raíz de ello el Juzgado Federal instruyó una causa para determinar “si existía, asentada en la zona norte del conurbano bonaerense, una organización criminal que, entre otras propiedades definitorias, incluyera entre sus miembros a ciudadanos de origen colombiano vinculados al tráfico de estupefacientes y al lavado de dinero”.
Si bien se solicitaron distintas medidas de prueba para tratar de comprobar esa hipótesis delictiva, no se lograron obtener datos importantes y la causa se archivó. Después de ello, en marzo de 2014 se dispuso el desarchivo de la causa.
Dos fueron las razones que fundaron esa determinación. La primera, los vínculos entre los imputados por el homicidio y otros investigados. La segunda y determinante, la denuncia que el fiscal provincial a cargo de la investigación de esos hechos promovió “contra el titular y otros altos funcionarios de la Fiscalía General de San Isidro, a quienes acuso de conspirar contra el desarrollo regular de esos procesos”.
El fiscal denunciante había sostenido que el mecanismo de fue mediante el ejercicio abusivo de las funciones de control y superintendencia, “con el propósito final de dar cobertura institucional al narcotráfico, fenómeno que en última instancia constituye presuntamente el contexto y móvil de esos crímenes”. La denuncia, además, implicó la apertura de un nuevo sumario en el Juzgado Federal, en este caso por encubrimiento,
Con todos esos elementos, la jueza Arroyo Salgado concluyó que, como la causa que llevaba adelante relativa a la presunta existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, estaba “estrechamente vinculada” tanto a los homicidios del centro comercial, como al presunto encubrimiento organizado desde la fiscalía general provincial, esa interrelación le permitía afirmar que "lo actuado en cada uno de los procesos repercutirá sobre el trámite de los restantes". De esa forma, solicitó que la Justicia provincial se inhiba de entender en las causas de los homicidios.
“Entiendo, que asiste razón a la jueza federal, en cuanto, a la existencia de una estrecha e inequívoca vinculación entre el objeto procesal en trámite ante el fuero de excepción y aquel que resulta objeto de investigación en la provincia”, razonó la procuradora García Netto en su dictamen.
Ese criterio también fue el mantenido por el propio fiscal provincial, que había dictaminado que la investigación iniciada por la justicia federal resultaba “disasociable precisamente del contexto generador de los crímenes de marras”, y correspondía de esa forma que la jurisdicción de excepción asumir la competencia “y, de ese modo, no solo evitar el riesgo de que existan pronunciamientos contradictorios, sino porque a mi criterio ese ámbito nacional parece estar en condiciones objetivas de completar y dar operatividad a aquellos actos adjetivos relacionados con el objeto procesal”.
Según la Procuración General de la Nación, “no puede descartarse por el momento, la existencia de una o más organizaciones narco-criminales detrás de los homicidios de los ciudadanos colombianos y la determinación de ilícitos propios que están siendo investigados por el fuero de excepción -narcotráfico y lavado de activos”.
“Estos hechos podrían haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo, por lo que deben ser juzgados por un único magistrado en favor de una mayor, más efectiva y eficaz administración de justicia”, concluyó.