La Justicia Federal determinó que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA deberá indemnizar con $47.000 a una estudiante a la que se le cayó parte de la mampostería del hall de entrada de la facultad. El fallo sostuvo que “existe un deber de seguridad de resultado con los estudiantes”.
Una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires deberá ser indemnizada por esa casa de estudios por un accidente que sufrió mientras ingresaba al edificio de la facultad, cuando cayó “sobre su cabeza, cuello y hombro izquierdo parte de la mampostería del cielorraso del techo del hall de entrada”.
La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la condena que le atribuyó responsabilidad y además elevó el monto indemnizatorio que se fijó en Primera Instancia de los autos “Bustamante, Pamela Eugenia c/ Facultad de Ciencias Económicas y Otro s/ Daños y Perjuicios”.
En un fallo que contó con las firmas de los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Alfredo Gusman, la Cámara ratificó el criterio de Primera Instancia que tuvo por acreditado “que se produjo un desprendimiento de mampostería en el hall frente a la escalera principal, resultando herida una alumna”.
El Tribunal de alzada también coincidió con las consideraciones respecto de que que se encontraba demostrado en la causa “el nexo existente entre las partes, tratándose de una relación de naturaleza contractual”, y por ende la responsabilidad de la Facultad, que se fundaba “en la presencia de un vínculo jurídico preexistente entre las partes, en el que existe un deber de seguridad de resultado con los estudiantes”.
“En este sentido, no habiéndose invocado causa ajena alguna en la producción del daño y encontrándose admitida la existencia del hecho dañoso, hizo lugar a la demanda. En función de ello, dispuso el pago de la indemnización por incapacidad sobreviniente, daño emergente, el daño moral y tratamiento psicológico”, indicó la sentencia, que en primer término fijó la indemnización en $29.500.
La Cámara consideró exiguos los montos fijados. Para arribar a esa conclusión, los jueces tuvieron en consideración que la accionante tenía 26 años al momento del hecho, que era estudiante de la carrera de Contador Público, y que las pericias determinaron que la accionante tenía un 15% der incapacidad física y un 23,5% de incapacidad laboral.
Sumado a ello, el médico especialista en el caso sostuvo en su informe que “existe un vínculo de causalidad del accidente de autos con las secuelas del cuadro postraumático de cuello comprobada con lo manifestado en el libelo de demanda”. Los jueces decidieron entonces modificar la condena y elevar el “quantum” en concepto de incapacidad sobreviniente, el que se fijó en $47.000.