A raíz de un pedido de la Defensoría General de la Nación (DGN) y la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Corte Suprema dispuso "inhabilitar el Centro de Detención Judicial Roberto Petinatto para recibir cualquier tipo de detenidos". Asimismo, se ordenó implementar "las medidas necesarias para reubicar en otras dependencias a quienes actualmente se hallen alojados en dicho establecimiento". La acción de hábeas corpus remarcó las “irregularidades que agravaban las condiciones de detención de las personas temporalmente alojadas en el establecimiento”, y también los “potenciales peligros en esa unidad de tránsito tanto para la integridad física de los privados de la libertad como de los propios agentes penitenciarios que allí se desempeñan”. Por último, la presentación subrayó que “ninguna de las cuatro celdas colectivas y ocho individuales cuenta con luz o ventilación natural, los calabozos carecen de mobiliario y no hay camas que permitan el descanso de los internos”.