Mediante el decreto 143/2015, el Poder Ejecutivo otorgó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la representación del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA). Según el decreto, "la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo “es una preocupación prioritaria del Estado Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos, la seguridad pública y el desarrollo íntegro de las economías, sino fundamentalmente para la vida y la libertad de los ciudadanos y su pleno desarrollo humano”.